Conflictos sociales, economía y disputas partidarias exigen distinguir entre problemas reales y el dramatismo con que muchas veces se los interpreta.
En la política paraguaya se ha vuelto frecuente que cada dificultad sea presentada como una crisis terminal y cada desacuerdo como la antesala de una ruptura. La huelga médica, la discusión sobre los combustibles, las señales de moderación del consumo y, ahora, las diferencias dentro de Honor Colorado por la configuración de la chapa presidencial de 2028 son leídas bajo una misma clave: si hay tensión, el Gobierno está perdiendo el control. Esa interpretación puede ser rentable en la disputa cotidiana, pero confunde fenómenos distintos y, sobre todo, impide medir la capacidad real de una administración para procesar conflictos, corregir decisiones y sostener un rumbo.
El caso de los médicos es el ejemplo más inmediato. Hubo renuncias masivas, amenaza de huelga, cambio de ministro y una negociación que llegó a momentos de gran tensión. Nada de eso debe minimizarse. Sin embargo, el resultado hasta ahora es un principio de acuerdo que contempla un reajuste de G. 2 millones por vínculo, un proceso ampliado de formalización laboral y remuneración por guardias en feriados, pendiente de ratificación gremial. La secuencia muestra deficiencias de anticipación, pero también capacidad de negociación. Ambas cosas pueden sostenerse al mismo tiempo. Convertir el conflicto en prueba automática de fracaso sería tan simplista como presentar el acuerdo alcanzado como si el problema sanitario estuviera definitivamente resuelto.
En la economía ocurre algo parecido. Los supermercados hablan de una desaceleración del consumo, mientras los exportadores advierten sobre los efectos de un guaraní apreciado. Al mismo tiempo, el Ministerio de Industria y Comercio anuncia reformas para atraer inversiones más complejas y ampliar el financiamiento industrial. Los combustibles, por su parte, vuelven a sentir el impacto de los precios internacionales: varios emblemas privados ya trasladaron aumentos, mientras Petropar mantiene temporalmente sus valores apoyándose en su inventario. Hay tensiones reales y sectores que reciben impactos distintos. Pero una desaceleración no equivale por sí misma a recesión, ni una variación internacional del petróleo puede describirse como una decisión tomada desde el Palacio de López. Gobernar consiste precisamente en administrar esas restricciones, no en fingir que no existen.
La política partidaria ofrece ahora un terreno todavía más propicio para las sobreactuaciones. Horacio Cartes anunció a Juan Carlos Baruja como candidato a la Vicepresidencia para acompañar a Pedro Alliana en el proyecto presidencial de Honor Colorado hacia 2028. Alliana, en cambio, sostuvo que mantendrá su palabra de esperar hasta después de las elecciones municipales del 4 de octubre antes de dar por definida la dupla. Otros dirigentes y sectores internos habían promovido nombres distintos. Existe, por lo tanto, una diferencia política concreta. También existe una competencia por espacios de poder, respaldos territoriales y posiciones dentro de una futura fórmula presidencial. Lo que no se desprende automáticamente de esos hechos es la tesis de una fractura irreversible.
Los partidos que ejercen el poder son también los que concentran mayores disputas por posiciones. Una candidatura presidencial moviliza gobernadores, legisladores, ministros, intendentes y dirigentes que buscan incidir en la distribución futura del poder. Sería extraño que un movimiento con aspiraciones de continuidad llegara a 2028 sin diferencias sobre nombres, tiempos y espacios. La medida de esas fricciones estará en su capacidad para procesarlas sin paralizar la gestión ni quebrar la unidad electoral. Hasta ahora hay declaraciones cruzadas, preferencias distintas y una discusión abierta sobre la dupla. Eso merece atención. Hablar ya de una implosión, en cambio, supone anticipar una conclusión que los hechos todavía no sostienen.
El oficialismo tampoco puede ignorar el costo de una disputa mal administrada. Las diferencias internas prolongadas erosionan autoridad y proyectan una imagen de desorden, y algunos referentes de Honor Colorado ya han advertido sobre la necesidad de ordenar los tiempos. Disciplina no significa silencio, pero competencia tampoco puede significar una guerra permanente de facciones. Alliana, Cartes, Peña y los demás referentes tendrán que demostrar que la discusión por la chapa de 2028 puede resolverse sin desplazar las prioridades del Gobierno ni convertir cada movimiento interno en un episodio de confrontación pública.
El balance de esta etapa se jugará en hechos bastante concretos. El Gobierno deberá cumplir lo acordado con los médicos, administrar nuevas demandas salariales sin comprometer las cuentas públicas, proteger a los consumidores dentro de márgenes sostenibles y convertir los anuncios industriales en inversión y empleo. Honor Colorado tendrá que ordenar su disputa por la configuración del poder rumbo a 2028 sin permitir que la competencia interna absorba la agenda pública. Hay problemas, tensiones y decisiones discutibles; también hay una distancia considerable entre reconocerlos y declarar una crisis general. La pregunta que queda abierta es más exigente: ¿el sistema político está siendo capaz de procesar sus conflictos, resolverlos y seguir avanzando?
