La agente fiscal Teresa Sosa, una de las encargadas de investigar el esquema de títulos universitarios falsos en la función pública y el ámbito educativo, advirtió que la estructura que lo sostiene sigue sin ser desarticulada y que hasta ahora solo se conoce a los eslabones más débiles; planteó formar una mesa técnica entre la Fiscalía, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) para llegar a quienes organizaron la red.
En declaraciones a ABC Color, la fiscala Teresa Sosa sostuvo que la investigación no puede quedarse en los docentes u ordenanzas que presentaron documentos adulterados, sino que debe llegar a quienes armaron el circuito. «¿De qué nos vale sancionar a la parte más débil de la piola? Acá lo que tenemos es que apuntar hacia aquellas personas que han organizado este camino criminal», afirmó. Propuso que la mesa técnica funcione de manera operativa entre los tres organismos.
La agente del Ministerio Público habló tras el reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó irregularidades e interacciones sospechosas vinculadas al MEC. Sosa expresó su preocupación por las dificultades que enfrenta la Fiscalía para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Consultada sobre el origen de las trabas, señaló tanto al sector público como al privado y explicó que reunir datos clave exige un esfuerzo extraordinario por la demora con que responden las entidades involucradas.
Según la fiscala, el esquema viene de hace mucho tiempo y atraviesa distintas administraciones. «En la investigación que avanza, vemos que esto ya hace de mucho tiempo y que cada nueva administración dentro del Ministerio de Educación y Ciencias tiene personajes que están lucrando con este tema y lo continúan haciendo», dijo. Atribuyó el origen de los títulos apócrifos a la falta de una fiscalización severa y a la habilitación irregular de entidades educativas sin ajustarse a la ley. «Mientras no se controle a las universidades y a los centros de enseñanza, mientras se habiliten universidades y se le otorguen permisos que la ley les prohíbe, no hay un claro compromiso contra la lucha respecto al título falso», lamentó.
Sosa indicó además que aún no tiene conocimiento de la decisión del ministro de Educación sobre la cancelación de las matrículas de los docentes con títulos falsos, pese a que la Fiscalía ya lo solicitó. Remarcó que erradicar el problema requiere el involucramiento del Cones, el MEC, las universidades privadas y los institutos de enseñanza. «Acá hay temas muy concretos de control de universidades y institutos, y sobre todo el poder dar el apoyo al Ministerio Público para que avance y se pueda conocer así quiénes son los instigadores de la comisión de los hechos punibles relacionados a los títulos falsos. Porque hasta ahí no hemos llegado todavía. Solamente conocemos los nombres de la parte más fina de la piola», concluyó. También cuestionó el alcance de la comisión conformada en el ámbito parlamentario, al no ver acciones concretas.
La fiscala consideró insuficiente la sola condena del exsenador Hernán Rivas, quien con un falso título de abogado integró y presidió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). «Hernán Rivas es, como se dice, un poroto, una arena en el desierto. Aquí hay una estructura que hay que combatir», sostuvo.
