El reporte técnico de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que detectó que más de la mitad de los 138.256 títulos de grado registrados desde 2023 provienen de carreras sin acreditación vigente, llevó al Ministerio Público a abrir una investigación penal un día después de recibirlo. La agencia había advertido un «patrón de evasión de los controles de calidad».
La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) logró que su informe sobre titulaciones de carreras sin acreditación se convierta en una causa penal en apenas 24 horas. Tras la nota remitida por su presidente, José Fernando Duarte Penayo, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso este miércoles mediante la Resolución F.G.E. N.º 4284 la apertura de una investigación, al considerar que los hechos informados por la agencia «podrían tener relevancia penal».
El informe de la Aneaes analizó 138.256 títulos de grado registrados ante el Ministerio de Educación y Ciencias entre enero de 2023 y octubre de 2026. De ese total, 71.093 títulos, el 51,4%, corresponden a carreras sin acreditación vigente al momento del registro, entre ellos 5.314 de Medicina. La agencia identificó carreras de acreditación obligatoria que durante años no se presentaron a evaluación, que siguen titulando con acreditación vencida o denegada, o que emiten títulos desde ofertas inactivas, y pidió a la Fiscalía verificar la autenticidad de títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas.
Para llevar adelante la causa, la Fiscalía conformó un equipo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, integrado por los agentes fiscales Silvia Margarita González Vester, de la Unidad N.º 3, quien estará a cargo de la dirección; Christian Manuel Benítez Cáceres, de la Unidad N.º 6, y Laura Mercedes Giacummo Fernández, de la Unidad N.º 13, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
La remisión del informe se realizó en el marco del convenio de cooperación que la Aneaes y el Ministerio Público firmaron el pasado 22 de octubre, por el cual la agencia puso a disposición de los fiscales su equipo técnico y sus bases de datos para colaborar con las verificaciones.
