La Fiscalía irrumpió en la sede central de la Universidad Autónoma del Sur en busca de documentos laborales y contables, tras una denuncia del Instituto de Previsión Social por aportes obrero-patronales que no habrían sido transferidos entre 2022 y 2025. La investigación apunta también a una posible cuenta paralela para cobrar a los alumnos.
El agente fiscal Giovanni Grisetti, de la Unidad de Delitos Económicos de la Sede 1 de Asunción, encabezó este miércoles un allanamiento en la sede central de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur), en el marco de una investigación por la presunta comisión del hecho punible de evasión de aportes a la seguridad social. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por representantes del Instituto de Previsión Social (IPS).
De acuerdo con los datos preliminares de la Fiscalía, la presunta irregularidad se habría producido entre 2022 y 2025. Las primeras estimaciones hablan de una deuda superior a G. 15.000 millones en aportes que la universidad debía transferir a la previsional, mientras que el fiscal precisó una deuda de G. 4.096.850.435 en concepto de aportes obrero-patronales.
Durante el procedimiento, los investigadores buscaron contratos de trabajo, registros de cobros y descuentos salariales, liquidaciones y comprobantes de pago de sueldos, declaraciones de aportes obrero-patronales, libros laborales y contables, y documentos societarios. También se revisaron los equipos informáticos con registros de pagos a trabajadores y de cobros a estudiantes.
La investigación tiene otras aristas. Tras un cruce de datos con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Fiscalía detectó que la universidad habría declarado unos G. 280 millones en concepto de Impuesto a la Renta Empresarial, una cifra que no coincidiría con la información verificada. Los fiscales indagan además la posible existencia de una cuenta paralela, ajena a los canales oficiales, para recibir los pagos de los alumnos, y una eventual presentación de documentos falsos.
No es el único frente que la Unasur tiene abierto con la previsional. La universidad funciona en inmuebles del IPS sobre la calle Cerro Corá, en Asunción, y mantiene con la institución una disputa judicial por una deuda que, sumando alquileres, supera los G. 18.000 millones, con dos juicios de desalojo en trámite.
La Fiscalía busca ahora determinar el destino de los fondos que debían ir al IPS, reconstruir cómo se administraban los ingresos de la universidad y precisar las eventuales responsabilidades, con los elementos incautados ya a disposición del Ministerio Público.
