La Fiscalía imputó a directivos de ueno bank y a representantes de empresas vinculadas por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y tentativa de estafa, tras la caída de la entidad intervenida por el Banco Central. Para Miguel Vázquez, vicepresidente del banco y dueño del Grupo Vázquez, pidió prisión preventiva, y para otros siete directivos, entre ellos el presidente Juan Manuel Gustale, arresto domiciliario con tobillera electrónica.
El equipo fiscal que investiga el caso ueno bank presentó este miércoles la imputación contra 27 personas: ocho integrantes del directorio y la sindicatura de la entidad, y otras 19 vinculadas a empresas cuyas operaciones forman parte de la investigación. Los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta atribuyen a los procesados los hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Según el escrito fiscal, los miembros del directorio de ueno bank habrían autorizado y permitido entre 2025 y 2026 operaciones financieras que comprometieron negativamente los activos del banco. La imputación alcanza a Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente de la entidad y dueño del Grupo Vázquez; al presidente, Juan Manuel Gustale; a Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller, y al síndico Miguel Ángel Almada Frutos.
Para Vázquez, a quien la Fiscalía considera el presunto actor central y controlante del esquema empresarial investigado, se pidió prisión preventiva, con el argumento de que existe riesgo de fuga y de obstrucción de la investigación. Para los otros siete directivos, los fiscales solicitaron arresto domiciliario con dispositivo electrónico de control, prohibición de salir del país y presentación de cauciones. En el caso de los directivos y accionistas de las empresas vinculadas, el pedido contempla la prohibición de salida del país y cauciones.
Como medidas patrimoniales, el Ministerio Público pidió la inhibición general de vender y gravar bienes para los 27 imputados y para siete empresas: Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. y Vinanzas S.A. Además, solicitó un plazo de seis meses para la etapa preparatoria. Las medidas se suman al embargo por unos USD 70 millones sobre bienes, acciones y cuentas de los principales directivos, dispuesto por el juez Walter Mendoza.
Los directivos detenidos se presentaron este miércoles en la Fiscalía, pero se retiraron sin prestar declaración. El juzgado competente deberá ahora analizar los pedidos y resolver qué medidas cautelares se aplicarán a cada uno de los imputados.
