Una comitiva fiscal se constituyó en la sede del Banco Central del Paraguay tras la ampliación de una denuncia de legisladores que sostiene que la banca matriz conocía desde mayo los excesos de ueno bank en créditos a empresas vinculadas, por G. 743.784 millones, y no actuó a tiempo. La denuncia también apunta a la colocación de fondos públicos en el banco.
Agentes del Ministerio Público, encabezados por la fiscala Silvia González Véster, ingresaron este viernes a la sede del Banco Central del Paraguay (BCP) en el marco de la investigación que involucra al presidente de la República, Santiago Peña; al expresidente del BCP Carlos Carvallo, y al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos. El procedimiento se realizó a partir de la ampliación de una denuncia contra Peña que incorpora nuevos hechos vinculados al caso ueno bank.
La ampliación fue presentada por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Ever Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain, y por los diputados Raúl Benítez, Leide Galeano, Johana Ortega y Billy Vaesken. Los legisladores piden investigar si el supervisor bancario dejó de actuar a tiempo y si las instituciones públicas que colocaron fondos en ueno fueron engañadas o actuaron en connivencia.
Según el escrito, entre mayo y noviembre de 2026 el BCP habría tenido conocimiento de los excesos de ueno en créditos a empresas vinculadas, por G. 743.784 millones, y de una venta de cartera a una firma relacionada por USD 74,4 millones, que el propio equipo técnico de la banca matriz calificó como «operación prohibida». Pese a ello, no habría exigido un plan de regularización.
La denuncia detalla además que, al 30 de setiembre de 2026, ueno concentraba G. 3,6 billones y USD 233,4 millones en fondos públicos, el 18,2% de los depósitos estatales en guaraníes y el 22,9% de los depósitos en dólares, con recursos del Ministerio de Economía, la ANDE, la Caja Bancaria, la Cajubi, Itaipú y el IPS. En el caso de la previsional, sus fondos en el banco pasaron de G. 80.000 millones en 2023 a G. 2,2 billones en 2025, unas 27 veces más.
Por lesión de confianza, la ampliación denuncia a Carvallo; al superintendente de Bancos, Holger Insfrán; a los miembros del Directorio del BCP Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González, y a la gerente de Supervisión de la Superintendencia, Chiara Renna. También solicita investigar a otros directores y gerentes del BCP, al ministro de Economía, Óscar Lovera, a autoridades de Itaipú, Yacyretá, la ANDE, la Caja Bancaria y la Cajubi, y a expresidentes, consejeros y al director de Inversiones del IPS.
En relación con Peña, se mantienen los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio denunciados originalmente, y se suma la hipótesis de instigación o complicidad en la lesión de confianza, en caso de que se pruebe que impartió instrucciones a quienes administraban fondos públicos.
