Los abogados del presidente Santiago Peña, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, sostuvieron ante el Senado que la acusación de Diputados por el caso ueno bank no identifica ninguna norma violada ni orden ilegal firmada por el mandatario, y que se apoya en publicaciones de prensa.
La defensa del presidente Santiago Peña, a cargo de los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, presentó este viernes ante el pleno del Senado sus argumentos contra el libelo acusatorio aprobado por la Cámara de Diputados en el juicio político por la caída de ueno bank. «En ambos planos el libelo es un estrepitoso fracaso. En lo jurídico vemos que confunde conceptos elementales y desconoce cómo funciona el Estado paraguayo. En lo fáctico no tiene nada, humo, viento y palabras vacías», afirmó la defensa, según la transmisión de radio Ñanduti.
Los abogados sostuvieron que la acusación no señala qué disposición constitucional o legal habría infringido Peña, que se basa en declaraciones y publicaciones periodísticas sin evidencias suficientes, y que no se ajusta a las causales previstas en el artículo 225 de la Constitución. «Si este libelo fuese hecho por un alumno del primer año en la Facultad de Derecho, tendría una sola nota: aplazado», lanzó la defensa durante su exposición. Preda agregó que el documento no identifica ninguna orden, instrucción o decisión ilegal firmada por el mandatario. «Una cosa es traer recortes de tijerita de un medio de comunicación y otra muy distinta es traer pruebas para bajar a un presidente. Un recorte periodístico no es una prueba», insistió.
Sobre el vínculo con ueno, Preda afirmó que Peña vendió en abril de 2025 su participación indirecta relacionada con el banco y que las operaciones investigadas por la Fiscalía habrían ocurrido después de esa fecha. Sostuvo además que las maniobras para ocultar operaciones al Banco Central del Paraguay (BCP) contradicen la acusación de que el mandatario controlaba al regulador, y recordó que la transformación de ueno de financiera a banco fue autorizada por el Directorio del BCP en noviembre de 2023, cuando tres de sus cinco miembros habían sido designados por el gobierno anterior.
Al responder a la tercera causal, referida a los límites crediticios del banco, la defensa sostuvo que las operaciones de ueno y su supervisión correspondían a las autoridades de la entidad y al BCP, no al presidente de la República. Preda cuestionó que se responsabilice a Peña por no remover al entonces titular de la banca matriz, ya que esa decisión requiere acuerdo del Senado y una causal legal, y destacó que el propio BCP resolvió por unanimidad la intervención de ueno y lo denunció ante la Fiscalía. «¿O el Banco Central estaba cooptado o el Banco Central denunció al banco? Las dos cosas no», planteó.
En cuanto al patrimonio del mandatario, la defensa afirmó que el incremento cuestionado corresponde a actividades privadas anteriores a su asunción, el 15 de agosto de 2023, y que la Contraloría General de la República ya analizó sus declaraciones juradas y determinó que existe correspondencia patrimonial. También defendió los créditos que Peña obtuvo para adquirir una vivienda. «Una denuncia y una prueba son dos cosas distintas», expresó Preda, al señalar que las sospechas de enriquecimiento ilícito deben ser investigadas por la Fiscalía y no utilizadas como prueba en el juicio político.
Respecto de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) colocados en ueno, el abogado sostuvo que las decisiones de inversión corresponden al Consejo de Administración y a las áreas técnicas de la previsional, y que el libelo no prueba que Peña haya dado instrucciones, condicionado decisiones o fijado montos y plazos. «La responsabilidad por la administración de los fondos previsionales recae en quienes los administran. No se presume por la jerarquía», concluyó.
