En un país sacudido por escándalos y decepciones, el Estado no puede fabricar otro conflicto por su propia ineficiencia. Con más de G. 10 billones de presupuesto institucional y G. 71.563 millones asignados a la atención de la educación superior y ciencias, el MEC enfrenta una denuncia elemental y gravísima: no consigue registrar títulos universitarios dentro del plazo legal.
La paz social no se deteriora únicamente con grandes crisis políticas. También se desgasta en las oficinas públicas, cuando el Estado convierte un derecho en una peregrinación interminable. El estudiante que termina una carrera, cumple las exigencias de su universidad y necesita su título para trabajar no debería encontrar en el Ministerio de Educación y Ciencias el último obstáculo de su formación. Sin embargo, eso es exactamente lo que denuncia la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP).
En su comunicado del 19 de noviembre, la APUP sostiene que las universidades asociadas han presentado la documentación exigida y que el MEC supera reiteradamente el plazo de 15 días hábiles previsto para el registro. El daño tiene nombres concretos, aunque el expediente los reduzca a números: egresados que pierden concursos, becas, posibilidades de posgrado y oportunidades laborales. No se trata de una incomodidad menor. Es el Estado administrando, con su lentitud, el tiempo y las expectativas de miles de familias.
La contradicción es difícil de explicar. El MEC dispone de una enorme estructura de funcionarios, direcciones y reparticiones, además de recursos que pocas instituciones públicas administran. Para 2026, su presupuesto supera los G. 10 billones, mientras la actividad de atención a educación superior y ciencias tiene asignados G. 71.563 millones. Esos fondos no corresponden exclusivamente al registro de títulos, pero dimensionan el aparato disponible. ¿Cuántos funcionarios trabajan efectivamente en esa unidad? ¿Cuántos expedientes procesa cada uno? ¿Quién responde por los atrasos? Antes de reclamar más dinero o crear otro cargo, corresponde explicar qué hace la estructura existente.
La prueba más visible de la distancia entre los anuncios y la capacidad de ejecución es el Registro Único del Estudiante de Educación Superior (RUE-ES). Durante años se presentó la trazabilidad académica como una respuesta a la informalidad y a la circulación de títulos irregulares. Hoy, frente a una denuncia pública de demoras sistemáticas, el MEC debe demostrar qué parte de ese sistema está realmente operativa y por qué sus herramientas no permiten verificar y registrar oportunamente la documentación. Una plataforma que no produce resultados administrativos comprobables termina siendo otra promesa tecnológica pagada por los contribuyentes.
Nadie propone relajar los controles sobre la autenticidad de los títulos. Todo lo contrario: la lucha contra el fraude exige un Estado capaz de distinguir con rapidez entre un documento legítimo y uno irregular. La solución no puede consistir en tratar a todos los egresados como sospechosos ni en trasladarles las consecuencias de la incapacidad de verificación. Controlar no es paralizar. Y una burocracia que retiene expedientes sin resolverlos tampoco constituye una política seria de calidad.
Hay, además, una responsabilidad política que no admite distracciones. El Paraguay atraviesa un momento de profunda desconfianza, marcado por denuncias de estafas y cuestionamientos a la actuación de los organismos públicos. En ese contexto, abrir un nuevo frente de protesta estudiantil y universitaria por un trámite administrativo sería una torpeza monumental. Cada título demorado es una familia que acumula frustración. La movilización de los afectados no es un hecho consumado, pero el riesgo de conflicto crece cuando las instituciones desoyen reclamos razonables y documentados.
La estafa de la ineficiencia pública no necesita un contrato fraudulento para producir perjuicios: basta con recaudar impuestos, mantener una estructura costosa y no entregar el servicio que justifica su existencia. El ciudadano cumple, paga y espera; la administración acumula personal, procedimientos y excusas. Esa asimetría erosiona la autoridad del Estado tanto como sus escándalos más visibles, porque convierte la obligación pública en una carga privada.
El MEC debe dar una respuesta inmediata, medible y pública: informar cuántos expedientes están pendientes, cuánto tiempo llevan paralizados, qué funcionarios y unidades tienen a su cargo su resolución y cuál es el estado real de implementación del RUE-ES. Debe fijar un cronograma para normalizar los registros y cumplirlo sin nuevas excusas. En tiempos de crisis, gobernar también consiste en no fabricar crisis evitables. El país no puede darse el lujo de que la inoperancia de una oficina termine amenazando la paz social.


