Las autoridades del país vecino alegan que el préstamo fue pactado “irregularmente” por un Gobierno que carecía de legitimidad. Sólo en intereses, La Paz deberá pagar nada menos que USD 24 millones.
El gobierno de Bolivia le devolvió al Fondo Monetario Internacional (FMI), la friolera de 351 millones de dólares por considerar que el préstamo que otorgó los recursos fue gestionado irregularmente por el gobierno golpista de Jeanine Añez.
De ese monto global, 24 millones corresponden a intereses y comisiones generados en poco menos de dos años, una cifra que da cuenta de las onerosas políticas financieras aplicadas en América Latina por el mencionado organismo financiero internacional.
“El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, afirmó que el Gobierno estaba actuando «en defensa de su soberanía nacional», ya que el apoyo del FMI venía condicionado por determinadas políticas económicas, y la Constitución boliviana, promulgada en 2009 por Morales, prohíbe admitir metas y disciplinas económicas impuestas por instituciones extranjeras. La aceptación del crédito hace poco menos de un año iba contra este mandato”, relata el diario español “El País”, en un artículo firmado por Fernando Molina.
“La justificación de la cancelación del préstamo ha sido cuestionada por funcionarios del pasado Gobierno. Según ellos, el crédito no formaba parte de ningún acuerdo con el organismo, sino que era un “apoyo coyuntural” para mejorar la liquidez del Estado boliviano durante la pandemia de la covid-19. Por lo tanto, aducen, el préstamo no estaba sujeto a ninguna condición en particular”, añade el periódico español.
La oposición al presidente Luis Arce cuestionó la decisión, alegando que el gobierno de facto había tenido que recurrir a un préstamo internacional debido a que el partido entonces opositor se negaba a aceptar una serie de medidas impulsadas por la mandataria golpista.
La oposición al presidente Luis Arce cuestionó la decisión, alegando que el gobierno de facto había tenido que recurrir a un préstamo internacional debido a que el partido entonces opositor se negaba a aceptar una serie de medidas impulsadas por la mandataria golpista.
