Este miércoles fueron entregados a la Cámara de Diputados varios informes solicitados a Yacyretá. Como nunca antes, la binacional respondió a los pedidos de informes del Congreso y la Contraloría.
El director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, remitió este miércoles a la Cámara de Diputados la documentación requerida por esa instancia legislativa, en virtud de la Resolución Nº 2516 del pasado 26 de mayo del año en curso.
Tanto en formato impreso como en archivo digital, la institución facilitó el listado de funcionarios al mes de mayo de 2021, a fojas 02 a 28; el cuadro comparativo de funciones por período, a fojas 30 a 31; así como el archivo digital, a foja 33.
El ingeniero Alejandro Takahasi, secretario ejecutivo de la EBY y responsable de la entrega, destacó que la misma se efectuó en el plazo previsto, y que se trata “de un listado de funcionarios de la EBY, que acercamos con todos los datos, incluidos sus ingresos; como así también, un cuadro comparativo con administraciones anteriores, para que se vea en el contexto de la realidad hoy en la Entidad, y la cantidad de funcionarios permanentes y contratados, desde el año 2003 hasta la fecha, como lo pide la Honorable Cámara de Diputados”.
Consultado sobre la cantidad de funcionarios que actualmente prestan servicio en la binacional, Takahasi expresó que se trata “de 1846 funcionarios. Estamos con unos 130 funcionarios menos del histórico total que tuvo la Entidad. Así también, tenemos menos de 400 funcionarios contratados de lo que usualmente la institución tenía en periodos anteriores”.
De esta forma, añadió, Yacyretá demuestra la voluntad política de su directiva de continuar transparentando su gestión, así como su determinación de abrir las puertas de la institución a los requerimientos de los representantes del pueblo en ambas cámaras legislativas, semanas atrás al Senado, y hoy a Diputados.
De igual manera se trabajó con la Contraloría General de la República (CGR), a la cual se enviaron centenares de expedientes dando cuenta de gastos socio-ambientales efectuados por la binacional durante los últimos 15 años.