La suspensión de aumentos salariales, nombramientos, promociones y contrataciones, así como la provisión de servicios de catering y otras medidas, son las que contiene el proyecto de Ley de Consolidación Económica y Contención Social.
El proyecto de Ley de Consolidación Económica y Contención Social incluye un fuerte componente de contención del gasto.
Se establecen la suspensión de aumentos salariales, nuevos nombramientos, promociones y contrataciones así también la prohibición de la adquisición de equipos de transporte, provisión de servicios de catering y otras medidas adicionales.
En comunicación con la 780 AM radio Primero de Marzo, el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, recordó que el plan representa unos USD 365 millones con los que se busca asegurar recursos para programas ya vigentes dentro del Presupuesto General de la Nación 2021 y adicionalmente para otras nuevas medidas.
Precisó que se destinarán USD 45 millones al Instituto de Previsión Social (IPS) para proseguir con el pago a trabajadores suspendidos hasta el mes de diciembre.
Asimismo, se plantea la exoneración del 50% del consumo de ANDE y ESSAP por seis (6) meses para los sectores gastronómicos, eventos, turismo, hoteles y servicios, incluyendo a los trabajadores formales de la Ley de Subsidio de Frontera.
Se continuaría además con el financiamiento a las Mipymes, con USD 25 millones para fondear el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) que permitirá apalancar más créditos y unos USD 20 millones para que los bancos puedan prestar más recursos y llegar de esta manera a más empresas, impulsando así la economía en este segundo semestre.
USD 3 millones se asignarán además a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), de manera a brindar kits de alimentos para los trabajadores y familias más vulnerables.
El viceministro Haas puntualizó también que este proyecto de Ley que llegaría al Congreso Nacional esta semana, amplía varios artículos de la Ley de Emergencia, entre ellos la misma declaración de Estado de Emergencia que se extendería hasta el 31 de diciembre del 2021, aspecto necesario para que sigan vigentes Leyes como la que crea “El Fondo Nacional de UTI” y la Ley del Gasto Cero.
