El senador y precandidato Luis Pettengill anunció que, de llegar a la Presidencia, eliminará el INDERT y el INDI. «Hay que dinamitar y hacer algo nuevo», explicó, recurriendo a uno de esos verbos cuya contundencia parece dispensar a quien los pronuncia de explicar qué hará al día siguiente. La propuesta puede resultar atractiva para los titulares, aunque cuesta entender cómo se resolverán mediante una demolición administrativa los problemas que ambas instituciones tienen a su cargo. Más curiosa todavía resulta cuando se formula desde el Partido Colorado, cuya historia y arraigo popular difícilmente puedan comprenderse al margen de sus banderas sociales.
El seguro social paraguayo se instituyó en 1943, mediante el Decreto-Ley 17.071, y cuatro años después, por Decreto-Ley 17.307, se estableció el aguinaldo como expresión de solidaridad social. En 1948 fue abolida la prestación personal obligatoria, que imponía el trabajo gratuito en obras públicas; en 1951 se establecieron las vacaciones anuales pagas, por Decreto-Ley 8.608, y en 1961 fue sancionado el primer Código del Trabajo. Esta enumeración permite recordar que la ampliación de derechos y los instrumentos estatales de protección social forman parte de una tradición política bastante más antigua que las actuales modas de demolición. Nadie pretende, por ejemplo, suprimir el IPS porque funcione mal; lo que se reclama es que funcione.
El INDI fue creado por la Ley 904 de 1981 y el INDERT por la Ley 2419 de 2004, ambos durante gobiernos colorados. Sus funciones no responden, sin embargo, a la voluntad de una administración de turno. La Constitución de 1992 reconoce, en su artículo 114, la reforma agraria como factor fundamental del bienestar rural; el 116 establece la eliminación progresiva de los latifundios improductivos, mientras que el 64 garantiza a los pueblos indígenas la propiedad comunitaria de sus tierras y dispone su provisión gratuita por el Estado. Se podrá discutir largamente sobre cómo deben cumplirse estas obligaciones, pero no parece serio creer que desaparecen junto con la oficina encargada de atenderlas.
Por supuesto, recordar esa tradición no equivale a extender un certificado de buena conducta a las instituciones existentes. El historial de la política de tierras obliga precisamente a lo contrario. Según la Comisión de Verdad y Justicia, entre 1954 y 2003 se entregaron irregularmente 7.851.295 hectáreas a través de los organismos estatales responsables de la cuestión agraria. Esa deuda histórica exige recuperar las tierras cuando corresponda, anular las adjudicaciones fraudulentas y construir un sistema catastral confiable. Resultaría bastante original combatir esas irregularidades mediante la supresión de las oficinas que conservan los expedientes necesarios para investigarlas. Habría que aclarar si la dinamita alcanzará también a los archivos.
Algo semejante ocurre con el INDI. Paraguay mantiene obligaciones pendientes derivadas de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre tierras de comunidades indígenas del Chaco. La desaparición de un organismo no extingue la responsabilidad internacional del país ni vuelve menos exigibles los derechos reconocidos. Antes de celebrar su eliminación, habría que explicar quién asumirá esas funciones, con qué recursos y mediante qué mecanismos. Una discusión menos espectacular que la demolición, aunque bastante más próxima a la tarea de gobernar.
Se ha vuelto habitual interpretar cualquier reclamo ciudadano como una demanda de menos Estado, cuando muchas veces lo que se exige es simplemente que la administración funcione, tramite y resuelva. En el campo paraguayo, la retirada estatal no produce automáticamente libertad ni igualdad de oportunidades; puede dejar al campesino sin título y a la comunidad indígena sin tierra frente a quienes disponen de mayores recursos económicos y jurídicos. Reducir una estructura burocrática puede ser razonable, siempre que alguien explique cómo cumplirá después con las responsabilidades que esa estructura tenía asignadas.
El manifiesto colorado de 1887 incluyó la solidaridad social y el rechazo de las prácticas corruptas entre sus objetivos fundacionales, mientras que la declaración de principios de 1947 reafirmó la libertad con justicia social. Hay suficiente materia en esa historia para discutir reformas profundas sin necesidad de presentar la desaparición de instituciones como una idea política novedosa. A quienes aspiran a conducir el Partido Colorado les corresponde explicar cómo piensan corregir sus fracasos y actualizar sus compromisos, no limitarse a elegir los edificios que desean derribar. Antes de ofrecer dinamita, habría que explicar qué política agraria y qué política indígena se propone levantar en su lugar.
