El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó a las autoridades públicas que dispusieran “todas las medidas necesarias” para evitar eventuales ocupaciones de edificios o bloqueos de calles ante las nuevas protestas anunciadas por bolsonaristas.
Sin embargo, al menos en las primeras horas de la noche, esas convocatorias no habían logrado adhesiones, después de que el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva los tratara como “un grupo de locos” que todavía no entendió que “las elecciones terminaron”.
La resolución de reforzar la seguridad en todas las áreas fue del juez Alexandre De Moraes y obedece a un pedido de la Procuraduría General de la Nación en base al llamado de grupos bolsonaristas a nuevas manifestaciones en todas las capitales estaduales.
Según la convocatoria, que se difundió especialmente a través de la red de mensajería Telegram, estaba prevista también una concentración en la Explanada de los Ministerios de Brasilia, donde se iniciaron los actos golpistas del domingo, en la céntrica Avenida Paulista de San Pablo y en el paseo del balneario de Copacabana en Río de Janeiro.
Pero ni medios privados brasileños ni la estatal agencia Brasil ni AFP registraban la presencia de personas que hubieran respondido al llamado.
Y en Río de Janeiro tampoco comparecieron manifestantes al Puesto 5 de Copacabana, resguardado por policías municipales, según AFP.
En San Pablo, en tanto, solo unos pocos jóvenes aparecieron en la Avenida Paulista vistiendo camisetas verde-amarillas, colores de la bandera nacional que se volvieron distintivos de las manifestaciones pro-Bolsonaro.
Antes, De Moraes había prohibido interrumpir la libertad de circulación de automóviles en todo el territorio nacional y el acceso a los edificios públicos, bajo la amenaza de multas de 20.000 reales (3.850 dólares) para personas físicas y 100.000 reales (19.200 dólares) para personas jurídicas.
El magistrado también ordenó a la plataforma Telegram bloquear canales, perfiles y cuentas grupales con el llamado a manifestar.
«Absolutamente nada justifica la existencia de campamentos repletos de terroristas, patrocinados por diversos financistas y con la complacencia de autoridades civiles y militares en total subversión al necesario respeto a la Constitución», manifestó el juez del máximo tribunal.
«Y absolutamente nada justifica la omisión y connivencia de las autoridades locales con delincuentes que, anteriormente, anunciaron que cometerían actos violentos contra los poderes constituidos, como ahora se anuncia en una nueva sucesión de publicaciones en grupos de la aplicación Telegram, con el llamamiento a ‘recuperar el poder’», agregó.
La invitación a manifestar esta tarde, hecha en verde y amarillo, no estaba firmada por ninguna organización, pero sí pronosticaba que sería “gigante” la movilización.
Policías, camiones antimotines y un helicóptero vigilaban la zona clave de edificios públicos.
El procurador general, Jorge Messias, había advertido ayer que ante estos llamados a «recuperar el poder», el país se encuentra nuevamente al borde de una «situación grave», apenas tres días después de los ataques golpistas perpetrados por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia, que dejaron numerosos destrozos y cerca de 1.500 detenidos.
Por eso Messias había solicitado al STF la adopción de «medidas inmediatas, preventivas y necesarias» para evitar todo intento de bloqueo de vías urbanas o carreteras, así como la invasión de edificios públicos en el país.
En una reunión en el Palacio del Planalto, sede del Gobierno, el gabinete de crisis decidió anoche que se debía reforzar la seguridad en Brasilia y en otras capitales.
Mientras, Lula agradeció hoy al Congreso la aprobación del decreto que permitió la intervención federal de las fuerzas de seguridad en Brasilia y reveló que le “gustaría pensar” que lo del domingo no fue un intento de golpe sino “algo menor, tal vez un grupo de locos que todavía no entendieron que la elección terminó, que todavía no quieren aceptar que la urna electrónica es posiblemente el modelo electoral más perfecto” en el mundo.
Según la cadena O Globo, Lula habló del tema al recibir en el Palacio del Planalto al presidente de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, y al vicepresidente del Senado, Veneziano Vital do Rêgo, entre otros legisladores.
«Cualquier gesto que vaya en contra de la democracia brasileña será castigado dentro de lo que la ley permite que sea castigado. Todos, todos tendrán derecho a defenderse, todos tendrán derecho a probar su inocencia. Pero todos serán castigados», expresó.
El mandatario cuestionó que Bolsonaro no hubiera reconocido su derrota en las elecciones de octubre de 2022.
«Lamentablemente el presidente que dejó el poder no quiere admitir la derrota. Aún hoy vi declaraciones de él no reconociendo la derrota. Solo puedo considerar que son un grupo de locos, gente con poco sentido del ridículo», afirmó.
El refuerzo de la seguridad y las palabras de Lula llegaron apenas horas después de la detención, por parte de la Policía Federal, de Ana Priscila Azevedo, considerada una de las organizadoras del ataque a las instituciones del domingo.
Azevedo, a quien se la puede ver incitar a los asaltantes a «tomar el poder» en varios videos en redes sociales, fue detenida ayer por orden del Tribunal Supremo en el municipio de Luziania, en Goiás, y trasladada a Brasilia, informó la agencia de noticias Europa Press.
Un día antes de los actos, considerados «golpistas» y «terroristas» por los tres poderes asaltados, Azevedo acudió a las redes sociales para hacer su enésimo llamamiento a «sitiar» las sedes de las instituciones, y pronosticó que «caravanas llegadas de todo Brasil» harán «caer a Babilonia».
Ella es una de las 1.500 personas, en su mayoría militantes bolsonaristas, que continúan arrestadas por los hechos del domingo, después de la liberación de unas 600 «por cuestiones humanitarias», informó la policía de Brasil.
En tanto, el exresponsable de la Policía militar de Brasilia, el comisario bolsonarista Anderson Torres, cuya orden detención fue resuelta ayer por la Justicia por su presunta responsabilidad en los ataques, anunció anoche desde Estados Unidos su decisión de retornar a Brasil para someterse al proceso judicial.
«Recibí la noticia de que el ministro Alexandre de Moraes del STF ordenó mi arresto y autorizó el allanamiento de mi domicilio. Tomé la decisión de interrumpir mis vacaciones y regresar a Brasil. Me presentaré ante la Justicia y cuidaré mi defensa», anunció Torres en un mensaje en la red social Twitter.
En otro texto agregó que “siempre” basó su accionar en “la ética y la legalidad”, dijo creer en “la justicia brasileña y en la fortaleza de las instituciones” y se declaró “seguro de que la verdad prevalecerá».
Torres está en Estados Unidos desde la semana pasada. Viajó cinco días después de retomar el mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, designado por el gobernador Ibaneis Rocha (MDB), y fue destituido de su cargo tras los actos de vandalismo en Brasilia.
Fuente: Télam.
