La CorteIDH condenó a Paraguay por la destitución arbitraria del fiscal Alejandro Nissen Pessolani en 2002, que investigaba tráfico ilegal de vehículos robados que involucraba a altos funcionarios del sector público.
En la sentencia, notificada este martes a las partes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado paraguayo violó los derechos a la garantía de una juez imparcial, a la protección judicial, al derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y a la estabilidad laboral, en perjuicio de Alejandro Nissen Pessolani.
El caso se refiere al proceso llevado a cabo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por una denuncia presentada en contra de Nissen, que derivó en su destitución. La CorteIDH indicó en su fallo que «se tuvo por probado que dos miembros del JEM, incluyendo su presidente, estaban siendo investigados por la tenencia de autos robados al momento del proceso» y que no se inhibieron de conocer la denuncia contra Nissen.
Una de las personas a quien hace referencia el fallo en cuestión es Óscar González Daher, quien fue investigado por tener en su poder un auto “mau”.
«La Corte consideró que existían conflictos de interés capaces de afectar la imparcialidad de parte de por lo menos dos miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados además de presiones políticas en el juzgamiento del fiscal Nissen Pessolani», señaló el fallo.
CIDH ordena al Estado paraguayo a indemnizar a fiscal
Otro punto de la sentencia indicó que «la Corte consideró que se desvirtuó la presunción de imparcialidad subjetiva» y que ello «impactó en el funcionamiento del Jurado en su conjunto, por lo que también se afectó la imparcialidad funcional».
La CorteIDH también estableció que el fiscal «fue removido de su cargo de forma arbitraria, por lo que se afectó indebidamente su derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad» y que «la destitución arbitraria implicó una violación al derecho a la estabilidad laboral, como parte del derecho al trabajo».
Además, los jueces comprobaron que Nissen no tuvo acceso a un recurso eficaz para poder tutelar sus derechos. En las medidas de reparación, el tribunal interamericano ordenó al Estado paraguayo pagar una indemnización a Nissen y eliminar cualquier registro público acerca de su condena, entro otros puntos.
Fuente: DW.
