La Cámara Paraguaya del Cannabis considera que la infraestructura existente en el país y el potencial de generación de empleos justifican el debate sobre la legalización del cannabis recreativo. La propuesta incluye una regulación estricta y un impuesto del 18%.
La Cámara Paraguaya del Cannabis Industrial ha presentado una propuesta para el debate sobre la legalización controlada del «cannabis para uso adulto», considerando que la infraestructura existente en Paraguay y el potencial de creación de empleos en este sector emergente son factores clave que justifican su discusión. El consumo de cannabis recreativo estaría limitado exclusivamente a personas mayores de edad, bajo un esquema responsable e informado.
El presidente de la Cámara, Marcelo Demp, rescató las declaraciones del ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien recientemente señaló que el cannabis es un producto altamente demandado a nivel mundial, con un valor que podría posicionar a Paraguay entre los cinco principales países exportadores de este producto. Según Demp, Paraguay ya cuenta con una infraestructura robusta en el sector del cannabis industrial, lo que facilitaría la transición hacia la legalización del cannabis recreativo.
La infraestructura disponible incluye sistemas de producción, control y distribución que han permitido a Paraguay comercializar productos de cannabis tanto en el mercado local como en mercados internacionales competitivos. La Cámara propone que este modelo se utilice para implementar un mercado legalizado, eficiente y supervisado por el Estado, con un enfoque en la calidad y fiscalización de los productos.
El modelo que plantea la Cámara de Cannabis contempla un impuesto del 18% sobre los productos destinados al uso adulto, que solo se comercializarían a través de dispensarios autorizados. Este modelo busca asegurar que la comercialización del cannabis se realice de manera responsable y bajo estricta supervisión estatal.
Además de los beneficios económicos, Demp destacó que la legalización del cannabis podría debilitar una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, contribuyendo así a la seguridad nacional. La propuesta se presenta como una oportunidad para diversificar la economía del país y posicionarlo como un referente en la industria global del cannabis.
