El Tribunal Oral 2 otorgó este martes el beneficio de arresto domiciliario a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción en la causa Vialidad.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015), comenzará a cumplir su condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, según resolvió este martes el Tribunal Oral Federal 2. La decisión llega a un día de que se cumpla el plazo que la Justicia le había dado para ponerse a disposición tras quedar firme la sentencia por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su gestión y la de su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner.
Fernández fue hallada culpable en la causa conocida como “Vialidad”, que investigó irregularidades en contratos de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. La condena, ratificada recientemente por la Corte Suprema, incluye además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, había solicitado el beneficio del arresto domiciliario alegando su edad (72 años), su condición de expresidenta y el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022. Argumentaron que estas circunstancias ameritan que no sea recluida en una prisión común.
Pese a estos fundamentos, la Fiscalía se manifestó en contra del beneficio. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola señalaron que “no se advierten razones humanitarias que justifiquen una medida excepcional” como la prisión domiciliaria, e insistieron en que esta debe ser evaluada con criterios restrictivos. También expresaron dudas sobre la seguridad del domicilio elegido por Fernández, por tratarse de un lugar con alta exposición pública.
Además, los fiscales advirtieron que, en caso de concederse el arresto domiciliario, debe exigirse el uso de tobillera electrónica como medida de control. La defensa había sostenido que tal dispositivo sería innecesario, pero el Ministerio Público consideró que se trata de un requerimiento legal ineludible.
El fallo judicial marca un nuevo capítulo en la situación judicial de Cristina Fernández, quien desde que dejó la vicepresidencia ha reiterado que es víctima de una persecución política. Su defensa anticipó que continuará presentando recursos ante instancias internacionales.
