La nueva Ley de la Función Pública entrará en vigencia el 16 de julio, estableciendo nuevas reglas para concursos, promociones, contrataciones y traslados en el sector público, con aplicación directa en el Poder Ejecutivo y respeto a la autonomía de otros entes del Estado.
El Ministerio de Economía y Finanzas informó que a partir del próximo miércoles 16 de julio entrará en vigencia la Ley N.º 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”, conforme a lo dispuesto en su artículo 146. Esta normativa sustituye el marco legal anterior y busca modernizar la administración pública nacional, garantizando mayor claridad y seguridad jurídica en los procesos de ingreso, promoción y régimen laboral de los funcionarios.
La ley tendrá aplicación en todas las instituciones del sector público, incluyendo aquellas que gozan de autonomía conforme a la Constitución Nacional, como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las universidades nacionales y las municipalidades. No obstante, en estos casos, la reglamentación deberá ser realizada por las respectivas autoridades de aplicación en sus ámbitos de competencia.
Asimismo, se establece el respeto a la vigencia de las denominadas carreras especiales —como la judicial, la diplomática y consular, la docente, la policial, la militar, la sanitaria y otras—, las cuales seguirán rigiéndose por sus normas propias.
Para el caso específico de las instituciones que integran el Poder Ejecutivo, la reglamentación está siendo elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional.
La cartera económica aclaró que la entrada en vigencia de esta nueva ley no tiene efecto retroactivo sobre los procesos de incorporación realizados bajo la Ley N.º 200/1970 o la Ley N.º 1626/2000.
Entre los principales aspectos que serán reglamentados se encuentran los concursos públicos de oposición, los mecanismos de ingreso, promociones, régimen de contratados, traslados temporales (comisionamientos) y definitivos.
El Ministerio reafirmó su compromiso con la construcción de una Función Pública eficiente, transparente y profesionalizada, en apego a la legalidad y con respeto a los derechos de los servidores públicos.
