El artículo 32 de la Constitución garantiza a los paraguayos el derecho a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de aviso o autorización. Pero la misma Carta Magna, en su artículo 175, establece con claridad que la Policía Nacional tiene la misión de preservar el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, prevenir delitos y ejecutar las disposiciones de las autoridades competentes. Estos dos mandatos no son opuestos, son complementarios: no hay protesta protegida sin orden garantizado; no hay libertad de expresión si el Estado no asegura la paz social.
La filosofía política lo ha dicho sin titubeos. Desde Hobbes, que temía el “estado de naturaleza” como guerra de todos contra todos, hasta Weber, que definió al Estado como aquel que reclama con éxito el monopolio legítimo de la fuerza, la doctrina enseña que sin coerción pública no hay civilización posible. La fuerza legal del Estado no es dictadura: es el cimiento que hace posible los derechos, la convivencia y la vida en comunidad.
Por eso es intelectualmente pobre —y políticamente irresponsable— que ciertos opositores pretendan reducir toda actuación de la Policía al recuerdo del stronismo. Esa falacia criolla, que podríamos llamar reductio ad stronismus, revela el summum de la precariedad mental: desconocen que el siglo XX paraguayo estuvo signado por una larga historia de violencia política bajo gobiernos liberales que aplicaron de forma sistemática el estado de sitio, recurrieron a detenciones masivas y sumieron al país en guerras civiles. Quienes hoy se presentan como custodios de la democracia omiten que fueron ellos quienes, en nombre de la “libertad”, suspendieron garantías durante décadas y persiguieron a sus adversarios.
El contraste con el presente no puede ser más claro. Nuestra joven democracia, nacida en 1989, dejó atrás el estado de sitio permanente y se consolidó con un marco de plenas garantías: aquí no se requieren permisos para protestar, no existen límites a la libertad de expresión y no se regula la crítica política ni en medios ni en redes sociales.
Mientras otras democracias modernas, como Francia o Alemania, obligan a registrar las marchas y autorizarlas, e incluso han avanzado hacia la regulación estricta de las plataformas digitales, en Paraguay la libertad es plena. Y en la región cercana, la Argentina de Javier Milei y Patricia Bullrich avanzó con un protocolo antipiquetes que impone medidas restrictivas severas a las manifestaciones públicas, confirmando que la defensa del orden muchas veces se traduce en limitaciones directas a la protesta. El contraste es evidente: Paraguay garantiza la protesta sin permisos ni protocolos especiales, siempre que sea pacífica y con fines lícitos.
Eso fue lo que ocurrió el domingo. Un grupúsculo minoritario, que proclamó públicamente su intención de “nepalizar” el país, salió a las calles no a manifestarse pacíficamente, sino a hostigar turistas, dañar comercios y provocar disturbios. La Policía intervino, restableció el orden y realizó detenciones preventivas. Horas después, con control del Ministerio Público, todos fueron liberados sin imputaciones ni lesiones. Esa secuencia —acción inmediata para proteger a la sociedad, control judicial estricto y restitución de la libertad cuando no hay méritos— no es dictadura: es el Estado de derecho en su forma más concreta.
La comparación histórica es obligada: en 2012, bajo el gobierno anticolorado de Lugo, la incapacidad para administrar un conflicto campesino terminó en la tragedia de Curuguaty, con 17 muertos, decenas de heridos y una crisis institucional que arrastró al país a la destitución presidencial. Allí se mostró lo que significa no saber ejercer la autoridad en democracia. El contraste con el presente es contundente: donde hubo desorden, el gobierno colorado ejerció autoridad con legalidad; donde antes hubo muerte, hoy hubo proporcionalidad; donde hubo desgobierno, hoy hubo conducción.
Defender el orden público no es un acto autoritario, es el rasgo de cualquier Estado moderno. Lo entienden en París frente a los chalecos amarillos, lo entienden en Berlín ante cualquier bloqueo ilegal, lo aplica Buenos Aires con protocolos antipiquetes, y lo entiende también el Paraguay democrático. Quienes recurren a la reductio ad stronismus no solo falsean la historia: renuncian a la teoría, a la Constitución y a la responsabilidad política.
La verdad es simple: sin orden no hay democracia, sin fuerza legítima no hay orden. Y sin paz social, ningún derecho es posible, ni siquiera el de protestar. Esa es la diferencia entre quienes conducen con responsabilidad y quienes, atrapados en consignas y nostalgias, solo ofrecen caos.
