La derrota del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones bolivianas de 2025 marca un giro histórico en la política regional. Tras casi dos décadas de hegemonía, el partido de Evo Morales y Luis Arce fue desplazado del poder de manera contundente: su candidato presidencial no alcanzó el tres por ciento de los votos, perdió todos los escaños del Senado y quedó con presencia marginal en la Cámara de Diputados. El colapso político del MAS no es solo un fenómeno interno; simboliza el final de un modelo que combinó extractivismo, populismo y vínculos estratégicos con actores extrarregionales como Irán.
Para Paraguay, la derrota de la izquierda boliviana es una buena noticia. No solo por cuestiones ideológicas, sino porque desactiva uno de los proyectos de cooperación militar más inquietantes de los últimos años: el acuerdo firmado entre Bolivia e Irán en 2023, que abría la posibilidad de transferencia tecnológica en materia de defensa, provisión de drones de vigilancia y capacitación militar. Aquel pacto, impulsado por el gobierno de Arce, despertó alertas en Asunción, Buenos Aires y Brasilia por la introducción de tecnología militar iraní en el corazón del continente. Aunque oficialmente se presentaba como un programa de control fronterizo y lucha contra el contrabando, en los hechos significaba una apertura estratégica hacia un actor extrahemisférico.
El resultado electoral boliviano desarticula ese respaldo político y reduce la probabilidad de que se consolide una alianza militar sostenida con Irán. Pero la política exterior no se borra con los votos: los acuerdos firmados, los equipos entregados y los entrenamientos iniciados pueden persistir como una inercia técnica, aun sin legitimidad política. Por eso, mientras Bolivia redefine sus alianzas, Paraguay debe reforzar las suyas.
Y lo está haciendo. El gobierno de Santiago Peña ha emprendido la modernización más ambiciosa de las últimas décadas. En junio de 2025, arribaron cuatro de los seis aviones A-29 Super Tucano adquiridos a la empresa brasileña Embraer, financiados por el BNDES, en un contrato de más de cien millones de dólares. Estas aeronaves, equipadas con sistemas de comunicación cifrada y enlace de datos, simbolizan el regreso del control efectivo del espacio aéreo nacional. Las dos unidades restantes llegarán antes de fin de año, y junto con ellas un programa de entrenamiento avanzado de pilotos y técnicos de mantenimiento bajo estándares internacionales.
Paralelamente, el Ejecutivo lanzó un plan de radarización nacional, presentado por el presidente Peña y el ministro de Defensa Óscar González bajo el lema “Recuperamos la soberanía aérea del Paraguay”. Los nuevos radares incorporan inteligencia artificial capaz de distinguir vuelos comerciales, privados o sospechosos, reduciendo falsas alarmas y mejorando la capacidad de interdicción. El proyecto involucra cooperación con Brasil, Estados Unidos, Taiwán e Israel, y busca integrar la información de la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Nacional en un sistema de mando unificado.
En el terreno, las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se han extendido en el sur del país, mientras la histórica Fuerza de Tarea Conjunta continúa su labor en el norte. A su vez, el gobierno avanza con la modernización del centro fronterizo de Puerto Falcón y con inversiones logísticas en el Chaco dentro del marco del Plan de Seguridad para el Desarrollo 2023–2028, que vincula defensa, desarrollo y presencia estatal efectiva.
Sin embargo, la modernización paraguaya ocurre todavía con recursos limitados. Según datos del Banco Mundial y de Trading Economics, el gasto militar de Bolivia en 2024 alcanzó los 655 millones de dólares, frente a los 414 millones de Paraguay. En proporción al Producto Interno Bruto, Bolivia destina alrededor del 1,5 %, mientras Paraguay apenas roza el 0,9 %. Aunque la brecha se explica en parte por diferencias de tamaño económico, revela también que Paraguay continúa subinvirtiendo en defensa. El contraste es aún más significativo si se considera que el territorio paraguayo —más expuesto, con fronteras extensas y porosas— requiere una vigilancia mucho más compleja que la altiplánica.
La paradoja es evidente: mientras Bolivia, con un modelo político inestable y economía en crisis, sostiene su gasto militar en ascenso, Paraguay, con estabilidad institucional y crecimiento sostenido, mantiene niveles de inversión defensiva propios de un país en tiempos de paz perpetua. Esa complacencia estratégica es hija de un pensamiento políticamente correcto que domina parte de la vida pública paraguaya, un discurso que afirma que “la defensa no es prioridad porque hay otras urgencias sociales”. Es cierto que hay urgencias sociales, pero ¿puede haber urgencias sociales sin soberanía territorial? ¿Puede haber escuelas, hospitales y progreso si se ve amenazada la integridad nacional?
Ese argumento, repetido por décadas, es un residuo tóxico de una narrativa autocomplaciente que convirtió al periodo autoritario paraguayo en el chivo expiatorio de todos los males, olvidando el papel que ese Estado —con todas sus sombras— tuvo en la modernización institucional, y territorial del país. Es un pensamiento infantil que olvida que las grandes glorias del Paraguay se forjaron gracias al sacrificio de sus Fuerzas Armadas en los momentos más críticos de la historia nacional: en la Guerra de la Triple Alianza (1864–1870), que preservó la existencia misma del Estado paraguayo, y en la Guerra del Chaco (1932–1935), donde el coraje, la logística y la inteligencia estratégica permitieron a un país sin recursos vencer a un adversario superior en número y armamento.
La defensa nacional no es un lujo de potencias ni un anacronismo del pasado: es el fundamento material de la soberanía. Ningún programa social puede sostenerse si el territorio está en riesgo, ni puede hablarse de progreso sin capacidad de disuasión. El Chaco paraguayo sigue siendo el centro de gravedad de la seguridad nacional. Su control efectivo no se garantiza con discursos, sino con presencia, tecnología, infraestructura y voluntad política. Quien controle el Chaco, controla la frontera, y quien controla la frontera, asegura el porvenir de la patria.
El fin del ciclo del MAS no implica el fin de los desafíos. Bolivia puede haber perdido a su izquierda, pero no su necesidad de proyectar poder ni su interés en modernizar su aparato militar. Su gasto en defensa crece más rápido que el paraguayo y su territorio continúa siendo base de operaciones aéreas y rutas ilícitas hacia el Atlántico. Paraguay no puede quedar rezagado, ni volver a confiar su seguridad a la buena voluntad ajena.
En un mundo donde la guerra ha vuelto a todos los continentes, la defensa debe volver a ocupar el centro de la agenda nacional. Las Fuerzas Armadas del Paraguay no son un vestigio de otro tiempo: son la continuidad viva de una tradición que garantizó la existencia del país. La modernización militar que hoy impulsa el gobierno debe acompañarse de una transformación doctrinaria y cultural que recupere el orgullo nacional por la defensa, el respeto por la disciplina y el sentido histórico de la soberanía.
El Paraguay moderno no debe renegar de su pasado militar, sino comprender que en él reside su ejemplo de grandeza. La derrota del MAS abre un respiro geopolítico, pero el futuro dependerá de nuestra capacidad para actuar con previsión y coraje. La defensa no puede seguir siendo una nota al pie del presupuesto: debe volver a ser, como en los días fundacionales, el alma del proyecto nacional.
