El Senado uruguayo analiza un proyecto que permitiría a los mayores de edad decidir sobre el final de su vida en casos de enfermedades incurables o sufrimientos extremos. Con apoyo transversal del oficialismo y la oposición, se prevé su aprobación.
La Cámara de Senadores de Uruguay inició este miércoles el tratamiento del proyecto de ley de Muerte Digna, una iniciativa que busca legalizar la eutanasia y garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”. El debate, que se extenderá durante varias horas, cuenta con amplio respaldo político y social, y podría culminar con su aprobación en el transcurso de la jornada.
El senador del Frente Amplio Daniel Borbonet abrió la sesión destacando “la enorme responsabilidad” de legislar sobre un derecho que toca los valores más profundos de la sociedad. “Lo que hoy tratamos es de profunda resonancia humana. Abordaremos temas que apelan a lo más íntimo de nuestra esencia: la salud, la dignidad, la libertad, la vida y la muerte”, expresó.
Borbonet explicó que la propuesta “no impone conductas, sino que ofrece una alternativa inexistente hasta ahora”. Señaló que “transcurrir con dignidad el proceso final de la vida no es un delito, y no se debe penalizar a nadie por ello”, en alusión a los pacientes que padecen enfermedades terminales, incurables o con sufrimientos insoportables.
El proyecto también contempla la complementariedad con los cuidados paliativos y establece garantías médicas y éticas para proteger a los pacientes. “Es un proceso largo, maduro y profundamente democrático. Los pacientes y sus familias no merecen que continuemos postergando este debate”, afirmó el legislador.
La ley establece que podrán ampararse a sus disposiciones los ciudadanos uruguayos y los extranjeros residentes que acrediten su permanencia habitual en el país. Si es aprobada, Uruguay se unirá a países como Colombia, Canadá, Perú y Ecuador, donde la eutanasia ha sido despenalizada o regulada.
En América Latina, Colombia fue el primero en avanzar en esta materia, en 1997, seguido por Canadá en 2016. Más recientemente, Perú y Ecuador autorizaron el procedimiento mediante fallos judiciales. Con esta ley, Uruguay reafirmaría su tradición de vanguardia en derechos civiles, sumando un nuevo paso histórico a su marco de libertades individuales.
