Jonathan Haidt lo resume con crudeza: “hemos sobreprotegido a nuestros hijos en el mundo real y los hemos desprotegido en el virtual”. Esa inversión de prioridades explica por qué, mientras vigilamos la calle, descuidamos la habitación: allí, a oscuras y con el brillo del teléfono, prospera una economía de la atención que captura impulsos, monetiza la ansiedad y convierte el deporte en una ruleta emocional para chicos que aún están aprendiendo a perder sin quebrarse.
En Paraguay, el síntoma más visible es la ludopatía digital. El psicólogo Jean Clemotte Llanes y el especialista en ciberseguridad Miguel Ángel Gaspar lo vienen advirtiendo con datos y escenas concretas: aulas donde se comenta el “pick” del día; grupos de mensajería que empujan a “recuperar lo perdido”; señales clínicas que se acumulan —sueño cortado, irritabilidad, caída del rendimiento—; y un diseño empresarial que saca provecho del refuerzo intermitente: la recompensa impredecible que engancha porque “quizás la próxima sí”. Gaspar lo dice sin anestesia: “los smartphones no son para niños”; y cuando recuerda que hay menores endeudándose o sexualizándose para financiar apuestas y micropagos, la discusión sale de la moralina y entra de lleno en salud pública y derechos de la niñez. (Entrevista en Minuto Salud, InfoNegocios, 23/10/2025).
La respuesta, por tanto, no puede ser un eslogan ni una campaña aislada. Debe empezar por el sistema de salud y el sistema educativo, juntos, con un capítulo específico en el Plan Nacional de Salud Mental para juego problemático adolescente: pesquisa en escuelas y APS; derivación a psicoterapia basada en evidencia; una línea 24/7 con puerta de entrada simple; y psicoeducación para familias que explique el tránsito del “pruebo” al “no puedo parar”. En el aula, alfabetización digital crítica desde primaria y pactos comunitarios de desconexión nocturna —dispositivos fuera de la habitación, higiene del sueño, acuerdos de curso—; menos culpabilización individual y más hábitos compartidos. Es una política de cuidado, no de castigo.
El marco regulatorio debe ponerse al día con el entorno real donde ocurre el daño. Si la participación de menores está prohibida, la verificación de edad no puede ser un checkbox: documento + prueba de vida + auditoría externa para todo operador que ofrezca servicios a IPs paraguayas; bloqueo administrativo de dominios y apps no autorizados; corte de pagos a operadores ilegales desde bancos y pasarelas; y obligación a tiendas de aplicaciones de retirar software que eluda licencias locales. En paralelo, diseño responsable por defecto: límites de gasto preactivados, periodos de enfriamiento, autoexclusión simple y probabilidades reales de ganar visibles antes de cada apuesta. No se trata de negar el juego adulto, sino de impedir la captura infantil.
La publicidad es el otro frente. La experiencia comparada muestra que restringirla protege: España fijó un estándar exigente con el Real Decreto 958/2020, que blinda franjas de protección, limita patrocinios y consagra la protección de menores como principio rector. Paraguay puede adaptar esa arquitectura: nada de branding de apuestas en competencias juveniles, distancias obligatorias respecto de contenidos escolares y reglas de difusión que no conviertan el primer silbato del partido en una invitación a apostar.
Para sostenerlo, hace falta gobernanza con dientes: una mesa interinstitucional permanente —Salud, Educación, regulador del juego, Fiscalía, Sedeco, telcos, pasarelas y clubes— con un código vinculante de “cero menor expuesto, cero menor monetizado”, auditorías técnicas y sanciones efectivas. Y, sobre todo, datos abiertos: un Observatorio de Juego Digital y Juventud que publique trimestralmente prevalencias, edad de inicio, exposición a publicidad, autoexclusiones, bloqueos de sitios y transacciones detenidas. Sin métricas, la política navega a ciegas; con métricas, corrige a tiempo.
Pero nada de esto rendirá si no cambiamos el clima cultural de la infancia. Haidt insiste en que el quiebre llegó cuando reemplazamos la infancia de juego por una infancia de teléfono: en vez de plaza y barrio, scroll infinito; en vez de equipo y derrota compartida, soledad con pantalla. El Estado regula y cuida; el mercado cumple reglas y rediseña; la escuela educa en ciudadanía digital; y las familias acompañan en ambos mundos. Proteger no es encerrar la vida real: es abrirla, mientras cerramos las puertas que hoy llevan a un casino en el bolsillo.
Si de verdad “hemos desprotegido a nuestros hijos en el mundo virtual”, la corrección ya no admite prórrogas. Con leyes que se apliquen, diseños que frenen el enganche y hábitos que devuelvan a chicos y chicas a la comunidad, podemos garantizarles algo más que una pantalla: el derecho a crecer sin que la apuesta les coma la infancia.
