La controversia por las declaraciones del titular de la ANEAES, José Duarte Penayo, reactivó comunicados, condenas públicas y pedidos de renuncia. Pero el episodio dejó al descubierto un problema más profundo: el estado de empobrecimiento argumentativo de una franja de la intelectualidad nacional que, ante el solo nombre “Stroessner”, sustituye el debate histórico por el reflejo automático de la cancelación moral.
Conviene empezar por una precisión básica que suele omitirse, deliberadamente o por comodidad. El principal instrumento institucional de memoria del Paraguay reciente —el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia— fue creado durante el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos y tiene un alcance temporal claramente delimitado: analiza las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1954 y 2003. Se trata de un trabajo relevante, necesario y valioso, que documenta prácticas de represión, tortura, destierro y persecución política en el marco del régimen autoritario encabezado por Alfredo Stroessner y sus prolongaciones posteriores.
Pero es, por definición, un trabajo parcial. No porque sea sesgado en su objeto, sino porque su objeto está acotado. No abarca el conjunto del siglo XX paraguayo ni pretende hacerlo. El problema comienza cuando una parte de la opinión pública —y, con especial énfasis, ciertos intelectuales y académicos mediáticos— convierte ese recorte legítimo en un relato totalizador, y a partir de allí reproduce una fábula cómoda y políticamente rentable: la idea de que la historia paraguaya de las violaciones de derechos humanos, de la tortura, del destierro y de la violencia política comienza en 1954.
Esa afirmación no resiste el menor análisis de los hechos históricos. La violencia política, el autoritarismo, las persecuciones, los confinamientos, los estados de excepción permanentes y los episodios de represión extrema atraviesan buena parte del Paraguay del siglo XX, bajo gobiernos militares y civiles, incluidos regímenes liberales, mucho antes de la llegada de Stroessner al poder. Pensar lo contrario no es una postura moral elevada: es una simplificación burda
Sin embargo, ante cualquier intento de introducir esta evidencia elemental en una discusión comparativa o de largo plazo, emerge un reflejo casi automático: cancelación, anatema y juicio moral. No se discuten conceptos, fuentes, periodizaciones ni continuidades estructurales. Se dictan sentencias. Así, una parte del campo intelectual se comporta como sacerdotes religiosos sin religión: guardianes del dogma, vigilantes de la herejía, administradores de lo decible y lo indecible en el espacio público.
Este comportamiento resulta todavía más problemático si se lo ubica en el marco jurídico paraguayo. A diferencia de varios países europeos, donde existen encuadres normativos con derivaciones penales frente a determinadas interpretaciones del pasado, en Paraguay no existe ningún régimen que penalice el disenso historiográfico ni la crítica a una lectura interpretativa débil. La Constitución garantiza la libertad de expresión sin censura previa. El debate histórico no es delito. La controversia interpretativa no es punible. El problema, entonces, no es legal: es cultural
Esa cultura del miedo al debate se sostiene sobre una fábula fundacional: Stroessner como inventor del autoritarismo paraguayo, como origen absoluto de todos los males, como ruptura total con un pasado supuestamente republicano y respetuoso de derechos. Esa narración evita deliberadamente una pregunta incómoda: ¿qué estructuras sociales, políticas e institucionales hicieron posible ese régimen autoritario? ¿Qué continuidades lo precedieron y cuáles lo sobrevivieron? ¿Qué formas de violencia política fueron naturalizadas mucho antes de 1954?
Mostrar los crímenes, abusos y violaciones de derechos humanos previos al stronismo no relativiza el régimen autoritario de Stroessner. Lo sitúa en una historia más larga. Y situar no es justificar: es pensar.
Negarse a hacerlo convierte la memoria en catecismo y reduce el siglo XX paraguayo a un cuento infantil de héroes y villanos, donde la complejidad desaparece y solo queda la filiación partidaria del personaje central.
Por eso el caso José Duarte funciona como síntoma. Los llamados a renuncia, formulados sin cuestionamientos sustantivos a su gestión y motivados exclusivamente por diferencias interpretativas, revelan una concepción empobrecida de la democracia. No se discute una tesis con otra tesis; se pretende expulsar al hablante. No se refuta; se desautoriza. No se investiga; se administra capital simbólico desde columnas de opinión.
Aquí resulta pertinente la noción sartreana de mala fe. No como descalificación personal, sino como categoría analítica. La mala fe permite sostener una identidad moralmente confortable sin asumir el costo de pensar. Encapsular todo el autoritarismo en un villano fundacional evita examinar las continuidades profundas de la sociedad paraguaya, sus tradiciones políticas, sus estructuras de poder y sus zonas grises.
El resultado es paradójico: quienes dicen combatir el autoritarismo reproducen una de sus pulsiones culturales más persistentes, la voluntad de fijar los límites del pensamiento legítimo. Con una diferencia clave: cada vez con menos fuerza y legitimidad. La sociedad percibe la endogamia retórica, el automatismo indignado, la alergia al matiz, y responde con indiferencia.
Si la memoria importa, importa también la calidad del pensamiento público. Y si la democracia importa, importa sostener una regla elemental: la historia se discute con método, fuentes y conceptos, no con reflejos punitivos. Paraguay no necesita una policía del pensamiento para tramitar su siglo XX. Necesita una conversación adulta, capaz de mirar el régimen autoritario de Stroessner sin mitologías fundacionales y sin negar, por comodidad moral, todo lo que vino antes.
