El decreto reglamentario del Presupuesto 2026 establece que el Ministerio de Obras Públicas no podrá iniciar nuevos proyectos ni firmar contratos sin autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas, trasladando el control de la inversión en infraestructura a esa cartera.
El Gobierno nacional resolvió concentrar en el Ministerio de Economía y Finanzas la autorización de nuevas obras públicas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), mediante disposiciones incluidas en el decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación 2026.
El artículo 210 del Decreto N.º 5.311 establece que el MOPC no podrá iniciar ni tramitar nuevos llamados a contratación de proyectos de inversión pública, ni proceder a la firma de contratos —cualquiera sea su modalidad o fuente de financiamiento— sin contar previamente con la autorización expresa del Ministerio de Economía, en función del “espacio fiscal disponible” y del cumplimiento de las metas fiscales vigentes.
En la práctica, el decreto introduce un cambio sustancial en el esquema de toma de decisiones del Ejecutivo, al subordinar la capacidad operativa del MOPC a la aprobación previa del Ministerio de Economía. De esta manera, la planificación y ejecución de nuevas obras deja de depender exclusivamente del ministerio sectorial y queda supeditada al análisis fiscal centralizado.
Este nuevo esquema refuerza el rol del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, en la definición de la política de inversión pública, ampliando sus atribuciones sobre áreas tradicionalmente administradas por otras carteras. El cambio se da además en un contexto de tensiones previas dentro del Gabinete, luego de que el propio titular de Economía cuestionara públicamente la gestión del MOPC.
La actual ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quedó así con un margen de acción más acotado, ya que cualquier nuevo proyecto de infraestructura deberá contar con el visto bueno de Economía antes de avanzar en su ejecución.
Desde el Gobierno argumentan que la medida responde a la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y ordenar el gasto público. Sin embargo, el nuevo esquema plantea interrogantes sobre el impacto en la ejecución de obras estratégicas, el dinamismo del sector de la construcción y la capacidad del Estado de sostener un ritmo de inversión acorde a las necesidades de infraestructura del país.
