La Corte Suprema de Justicia rechazó por mayoría la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura. Con la decisión, queda cerrada la vía judicial que buscaba su reincorporación a la Cámara Alta.
La Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar por mayoría la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González contra la resolución que dispuso su pérdida de investidura en febrero de 2024, dejando firme su salida de la Cámara de Senadores y cerrando la vía judicial que buscaba su reincorporación.
La decisión fue adoptada tras el análisis del procedimiento parlamentario que culminó con la destitución de la entonces legisladora y de los argumentos planteados en la demanda promovida ante el máximo tribunal.
González sostenía que durante el proceso llevado adelante en el Senado no se habían respetado determinadas formalidades y exigencias de votación previstas en la Resolución N.º 429 del año 2013 emitida por la Cámara Alta, particularmente en relación con la mayoría requerida para adoptar una medida de esa naturaleza.
Sin embargo, los ministros que conformaron la mayoría concluyeron que la normativa invocada por la accionante no se encontraba vigente ni resultaba aplicable al momento en que se desarrolló el procedimiento que derivó en su pérdida de investidura.
El fallo también sostuvo que el planteamiento presentado no demostraba una vulneración constitucional que justificara anular la decisión adoptada por el Senado, respaldando así la legalidad del procedimiento parlamentario cuestionado.
De acuerdo con la votación dada a conocer, se pronunciaron por rechazar la acción los ministros Esteban Kriskovich, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes, César Diesel y Miguel Rodas Ruiz Díaz.
Por su parte, votaron a favor del planteamiento promovido por la exsenadora los ministros Víctor Ríos, Gustavo Santander y Manuel Ramírez Candia.
La resolución pone fin a uno de los capítulos institucionales más relevantes abiertos tras la pérdida de investidura de González y deja firme, en sede judicial, la decisión adoptada por el Senado durante el periodo legislativo anterior.
El caso había generado un amplio debate político y jurídico respecto al alcance de las facultades del Congreso para disponer la pérdida de investidura de sus integrantes y sobre las garantías procedimentales que deben observarse en ese tipo de procesos.
