Las autoridades difundieron identidades y recompensas millonarias para capturar miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo. La ofensiva del CODI busca desarticular el primer anillo operativo del grupo armado. La mayoría de los identificados son mujeres.
El gobierno intensificó la ofensiva contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) mediante la difusión pública de las identidades de 13 presuntos integrantes del grupo armado y el ofrecimiento de recompensas millonarias para quienes aporten datos que permitan su captura. La medida forma parte de una estrategia coordinada por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) que apunta a desarticular el núcleo operativo de la organización.
Según los informes oficiales, el EPP estaría conformado actualmente por 13 integrantes, incluyendo nuevos miembros que se incorporaron recientemente a la estructura. Las autoridades destacan que entre los identificados hay una mayoría de mujeres, lo que refleja cambios en la composición del grupo en los últimos tiempos.
Las recompensas escalonadas alcanzan montos que van desde G. 200 millones hasta G. 1.000 millones, dependiendo del nivel de responsabilidad y peligrosidad de cada individuo identificado. En el nivel máximo de recompensa, con G. 1.000 millones, figuran Liliana Elizabeth Villalba Ayala y Manuel Cristaldo Mieres. Le siguen Domingo Ovelar González y Magna María Meza Martínez con G. 700 millones cada uno.
En el escalafón de G. 300 millones aparecen Samuel Silva Cáceres, Ernesto Daniel Villalba y Jorgelina Silva Cáceres. Con recompensas de G. 200 millones están identificados una persona con el alias «Joselo», Erica Rosalía Vera Vargas, Edilio Insfran Armoa, Ladi Sequeira Krause, Claudia Anahí Oviedo Villalba y Viviana Monserrat Caballero Villalba.
La ofensiva coordinada por el CODI tiene como objetivo desarticular el primer anillo operativo del grupo armado, además de frenar el relevo generacional detectado por los organismos de inteligencia. Las autoridades consideran que la renovación de cuadros dentro del EPP representa una amenaza a la continuidad de la organización, por lo que la estrategia apunta a interrumpir ese proceso de reemplazo.
La difusión pública de identidades mediante afiches con fotografías marca un cambio en la estrategia gubernamental frente al EPP. El material distribuido incluye un número telefónico (0976 426 720) para que la ciudadanía pueda aportar información, con garantía de «absoluta reserva y confidencialidad» según consigna el documento oficial.
Esta iniciativa se produce en un contexto de renovada atención sobre el grupo armado tras el reciente secuestro de un trabajador rural en el departamento de Caaguazú, atribuido al EPP. Ese hecho motivó además el anuncio del decreto que flexibiliza el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, eliminando las restricciones departamentales que limitaban su accionar.
El gobierno busca capitalizar la presión sobre el grupo mediante incentivos económicos que motiven la colaboración ciudadana. Las recompensas millonarias representan un esfuerzo por convertir a la propia población en fuente de inteligencia, apostando a que el monto ofrecido genere suficiente motivación para quebrar los eventuales vínculos de protección o silencio que pudieran beneficiar a los integrantes del EPP en las zonas donde operan.
La identificación mayoritaria de mujeres entre los buscados plantea interrogantes sobre la evolución del EPP y su estrategia de reclutamiento. Las autoridades no han brindado detalles sobre los roles específicos de cada uno de los identificados dentro de la estructura del grupo armado, limitándose a establecer diferencias mediante los montos de las recompensas ofrecidas.
