El Decreto N° 5554 firmado por Santiago Peña habilita el empleo de elementos de combate de las FF.AA. en operaciones de defensa interna en toda la Región Oriental, incluyendo ríos nacionales y fronterizos. Se sustenta en informes de inteligencia sobre presencia de grupos criminales vinculados al terrorismo.
El presidente Santiago Peña firmó el Decreto N° 5554, que autoriza el despliegue de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para operaciones de defensa interna en toda la Región Oriental del país. La medida formaliza la flexibilización del accionar militar anunciada días atrás y elimina definitivamente las restricciones territoriales que limitaban el alcance de las operaciones militares.
El documento dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial definido de la Región Oriental, incluyendo los ríos nacionales, fronterizos e internos. Además, ordena que todos los organismos y entidades del Estado de los departamentos de la Región Oriental, dependientes del Poder Ejecutivo, apoyen sin restricciones y colaboren con el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
El decreto se fundamenta en informes de inteligencia que constatan la presencia de miembros de agrupaciones ilegales en diversas zonas y departamentos de la Región Oriental, vinculadas al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos. El argumento central del gobierno es que estas agrupaciones ilegales estarían aprovechando que en determinadas zonas de la Región Oriental actualmente no existe presencia de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional para realizar incursiones o efectuar operaciones ilegales.
La medida se sustenta legalmente en la Ley N° 1337/1999, «De Defensa Nacional y Seguridad Interna» y su modificación por Ley N° 5036/2013. En su artículo 56, esta ley autoriza al presidente de la República a decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación «frente a situaciones de extrema gravedad en que el sistema de seguridad interna resulte manifiestamente insuficiente».
La normativa indica que en estas circunstancias, el presidente tendrá la conducción de todas las fuerzas militares y policiales afectadas, y podrá designar un comandante de las operaciones de esas fuerzas, en cuyo caso estas le quedarán subordinadas exclusivamente en el ámbito territorial y por el tiempo definido en el decreto respectivo.
La ley también establece que dentro de las 48 horas el presidente de la República debe dar cuenta al Congreso Nacional de su decisión de emplear transitoriamente elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, con adjunción de copia autenticada del decreto respectivo. El Congreso puede decidir la cesación de esa intervención operativa de las Fuerzas Armadas. Precisamente, el decreto firmado por Peña, en su artículo cuarto, comunica al Congreso Nacional el contenido de la disposición adoptada.
Esta medida representa la materialización del anuncio realizado el lunes por el gobierno, cuando el ministro secretario del Consejo de Defensa Nacional, Cibar Benítez, explicó que la nueva disposición permitiría a las Fuerzas Armadas actuar «en donde vaya la amenaza», sin quedar «atadas a unos límites internos territoriales».
El decreto se produce en un contexto de ofensiva gubernamental contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que incluye la difusión de identidades de 13 presuntos integrantes del grupo armado con recompensas de hasta G. 1.000 millones, y tras el reciente secuestro de un trabajador rural en Caaguazú, departamento que hasta ahora permanecía excluido del campo de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta.
La Fuerza de Tarea Conjunta fue creada en 2013 y desplegada inicialmente en Concepción, San Pedro y Amambay. Durante el actual gobierno, extendió su cobertura hacia Canindeyú y tres departamentos del sur: Itapúa, Misiones y Ñeembucú. Sin embargo, esa extensión mantenía límites territoriales específicos. Con el nuevo decreto, la autorización militar abarca toda la Región Oriental sin restricciones departamentales.
El objetivo declarado por el gobierno es garantizar la seguridad interna y prevenir la actuación de grupos vinculados al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos. La medida implica que cualquier departamento de la Región Oriental puede convertirse en zona de operaciones militares si las autoridades detectan amenazas que lo justifiquen, marcando un cambio sustancial en la doctrina de seguridad interna del país.
