El ministro de Defensa, Óscar González, aclaró que el Decreto N° 5554 permite el empleo de elementos de combate de las FF.AA. contra grupos criminales con armas de guerra pero «no implica militares a las calles».
El ministro de Defensa Nacional, Gral. Óscar González, aclaró este miércoles el alcance del Decreto N° 5554 firmado por el presidente Santiago Peña, que autoriza el despliegue militar en toda la Región Oriental. El funcionario enfatizó que la medida «no implica militares a las calles», sino el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en condiciones específicas de enfrentamiento a grupos criminales.
«No implica militares a las calles. Sí, que elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, en condiciones de enfrentar a grupos criminales que, naturalmente, son un peligro muy grande para la ciudadanía», explicó González en declaraciones a la prensa. El ministro precisó que se trata de grupos que tienen armas de guerra y entrenamiento militar, calificado como «ñembo» (fuerte).
El titular de la cartera de Defensa señaló que el comandante del CODI es el encargado de poner en práctica este decreto. «La operatividad no va a cambiar. Va a ser la misma que se venía realizando con la FTC Norte y FTC Sur. Con este decreto vamos a tener el ropaje legal para intervenir en cualquier punto de la Región Oriental», afirmó González.
La aclaración del ministro busca despejar interpretaciones sobre un eventual despliegue militar en zonas urbanas o una militarización generalizada del territorio. Según su explicación, el decreto mantiene la misma metodología operativa que las Fuerzas de Tarea Conjunta han venido aplicando en el norte y sur del país, pero eliminando las restricciones territoriales que impedían actuar en otros departamentos.
El Decreto N° 5554 dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial de la Región Oriental, incluyendo los ríos nacionales, fronterizos e internos. La medida ordena además que todos los organismos y entidades del Estado dependientes del Poder Ejecutivo apoyen sin restricciones al Comando de Operaciones de Defensa Interna.
El decreto se fundamenta en informes de inteligencia que constatan la presencia de miembros de agrupaciones ilegales en diversas zonas de la Región Oriental, vinculadas al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos. El argumento gubernamental es que estas agrupaciones aprovechan la ausencia de presencia militar en determinadas zonas para realizar incursiones o efectuar operaciones ilegales.
La aclaración de González sobre que la operatividad «no va a cambiar» sugiere que el decreto es principalmente un instrumento de flexibilización legal más que un cambio en la doctrina operativa militar. El objetivo es contar con «ropaje legal» para actuar en zonas que anteriormente quedaban fuera del alcance de las operaciones militares, manteniendo la misma metodología de trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional que caracteriza a las FTC.
