Para el psicólogo Santiago Duarte, la creciente centralidad de la salud mental en la agenda pública paraguaya convive con una discusión insuficiente sobre sus supuestos más básicos. Cuando el malestar se piensa solo como desajuste individual, la evidencia corre el riesgo de legitimar respuestas que adaptan a las personas sin interrogar las condiciones sociales que producen su sufrimiento.
Por: Santiago Duarte*
En las últimas décadas, la salud mental se ha instalado como una preocupación central en el espacio público. Escuelas, lugares de trabajo, políticas estatales y redes sociales coinciden en la necesidad de promover su cuidado. La difusión de prácticas de autocuidado, la expansión de la literatura de autoayuda y la creciente oferta de intervenciones psicológicas configuran un escenario en el que la consigna parece clara: hay que atender la salud mental.
Este consenso no es arbitrario. El aumento del malestar psíquico -expresado en cuadros de ansiedad, depresión, consumos problemáticos o suicidio- ha obligado a los Estados a diseñar programas, marcos normativos y dispositivos de intervención. En Paraguay, datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social señalan un incremento sostenido de las consultas por motivos de salud mental en los servicios públicos en los últimos años, al tiempo que las cifras de suicidio, especialmente en población joven, se mantienen como un motivo de preocupación persistente para las autoridades sanitarias.
Sin embargo, el acuerdo en torno a la importancia de la salud mental convive con una escasa problematización acerca de lo que, efectivamente, se entiende por ella. Cuando se interroga esta noción, emerge con frecuencia una definición relativamente estable: la salud mental como capacidad de un individuo para vincularse de manera adecuada consigo mismo, con los otros y con la realidad.
Se trata, en última instancia, de una concepción centrada en la adaptación, en la posibilidad de sostener un funcionamiento considerado adecuado en relación con el entorno. Este modelo, ampliamente difundido en el campo clínico y en las políticas públicas, no es neutro, sino que supone una determinada idea de sujeto, entendido como una interioridad compuesta por pensamientos, emociones y conductas que pueden ser evaluadas, reguladas y eventualmente corregidas.
En este marco, el malestar psíquico tiende a ser leído como un desajuste interno, como el resultado de interpretaciones inadecuadas de la realidad o de dificultades en la regulación emocional. La intervención, en consecuencia, se orienta a restituir un equilibrio, a favorecer una mejor adaptación. Pero definir de este modo la salud mental implica también delimitar qué cuenta como problema y qué tipo de respuestas son legítimas.
Es en este punto donde la apelación a la “evidencia científica” adquiere un lugar central. Programas basados en evidencia, intervenciones validadas, técnicas eficaces, en suma, el discurso de la evidencia funciona hoy como principal criterio de legitimación. En el contexto local, esto se traduce en la adopción de protocolos estandarizados y programas breves orientados a la reducción de síntomas, muchas veces implementados como respuestas rápidas frente a la creciente demanda en los servicios de salud mental.
Sin embargo, lejos de ser un recurso puramente descriptivo, la evidencia se inscribe en el mismo marco conceptual que pretende validar, es decir no solo mide resultados, sino que presupone qué se considera un problema, qué se define como mejoría y bajo qué parámetros se evalúa lo saludable. Si la salud mental es concebida como adaptación, no resulta sorprendente que la evidencia tienda a confirmar la eficacia de intervenciones orientadas a adaptar. En este sentido, la evidencia no se limita a constatar un hecho, sino que contribuye a estabilizar un determinado modo de entender el sufrimiento psíquico y sus posibles abordajes.
El riesgo aparece cuando esta referencia se transforma en un argumento de cierre. Decir que algo está “basado en evidencia” suele clausurar la discusión más que abrirla, dejando por fuera otras formas de pensar el malestar, otros modos de intervención e incluso la posibilidad de interrogar las condiciones en las que ese malestar se produce.
Las consecuencias de este desplazamiento no son menores. En un contexto como el nuestro, donde el acceso a servicios de salud mental sigue siendo limitado y las condiciones de vida de amplios sectores de la población están atravesadas por la precariedad, la tendencia a individualizar el sufrimiento corre el riesgo de invisibilizar sus determinaciones sociales. Factores como la inestabilidad laboral, las exigencias de rendimiento, el aislamiento o la fragilidad de los lazos sociales quedan relegados a un segundo plano, mientras el foco se sitúa en la capacidad del individuo para gestionar su mundo interno.
De este modo, lo que podría ser interrogado como un problema social se redefine como un déficit individua y el malestar se vuelve algo a gestionar, más que algo a interrogar.
Esto no implica negar la importancia de las intervenciones clínicas ni el valor del conocimiento producido por la investigación empírica. Más bien invita a introducir una distinción: la salud mental no puede reducirse a un problema exclusivamente interno sin perder de vista aquello que, en el sufrimiento, remite a las condiciones de vida en las que se inscribe.
Quizá, entonces, la pregunta por la salud mental no deba limitarse a cómo lograr que los individuos se ajusten mejor a su entorno, sino que deba incluir también la posibilidad de interrogar las formas de vida que ese entorno propone. En ese desplazamiento, la salud mental deja de ser únicamente un imperativo individual, legitimado por la evidencia, para abrirse como un problema que involucra a la sociedad en su conjunto.
*Licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires
