En Paraguay, la apertura de nuevas facultades de medicina se ha convertido en un indicador de crecimiento y de mayor desarrollo potencial. Pero conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿crecimiento de qué? ¿De la calidad de la formación médica? ¿De la capacidad del sistema de salud? ¿O simplemente del negocio educativo? Por: Dra. Sandra Ocampos Benedetti*
Hoy el país cuenta con 46 carreras de medicina y cerca de 46.000 estudiantes, con un crecimiento explosivo en la última década y un claro predominio del sector privado. A primera vista, podría parecer una buena noticia: más oportunidades, más acceso, más formación. Pero en medicina, más no siempre es mejor. A veces, es exactamente lo contrario.
La medicina no es un mercado
La carrera de medicina forma profesionales que deben estar capacitados para tomar decisiones sobre la vida y la muerte. Por eso, en todo el mundo, su expansión está cuidadosamente regulada. No por capricho, sino por una razón simple: un sistema puede absorber más estudiantes en aulas, pero no puede inventar más pacientes, más hospitales ni más tutores clínicos capacitados. Ese es el límite real de la formación médica. Y Paraguay ya lo está sobrepasando.
El cuello de botella que nadie quiere discutir a nivel político no está en construir grandes edificios ni en sumar aulas. Ni siquiera solamente en construir más hospitales. El problema real es la disponibilidad de pacientes y de tutores clínicos capacitados para formar en competencias: el modelo mundialmente validado para la educación médica de grado y posgrado desde hace más de treinta años.
Porque la medicina no se aprende leyendo ni solo en las aulas. Se aprende examinando pacientes, tomando decisiones, equivocándose bajo estricta supervisión y tutorización experta. Cuando eso falta, no hay formación médica real. Hay simulación de formación.
Lo que dicen los propios datos
Los informes técnicos nacionales confirman una realidad preocupante: múltiples universidades comparten los mismos campos clínicos, existe sobrecarga de estudiantes en hospitales, la supervisión docente es insuficiente y no hay control efectivo de la relación estudiante–paciente. En términos simples: demasiados estudiantes para muy pocos pacientes y muy pocos docentes capacitados. Esto no es un detalle técnico. Es el corazón del problema.
El informe de la Comisión Ad Hoc Especial configurada por el CONES en 2024 para estudiar la situación de la formación médica —de la cual tuve el privilegio de ser parte— lo demostró con claridad: la capacidad clínica del país está saturada. Abrir nuevas facultades en ese contexto no fortalece el sistema; lo tensiona aún más.
La lógica que impulsa la expansión
Es cierto que las facultades de medicina generan movimiento económico, empleo y desarrollo local. No es eso lo que está en discusión. El problema surge cuando ese crecimiento económico se logra a costa de debilitar la calidad de la formación y poner en riesgo la seguridad de la población.
No todo ingreso económico es socialmente deseable si genera riesgos estructurales. Nadie permitiría más aerolíneas sin control de seguridad aérea ni abriría plantas nucleares sin regulación ambiental. ¿Por qué permitir, entonces, expansión sin control en un sector donde el “producto final” es un médico que atiende personas?
La respuesta está en la estructura de incentivos. La expansión responde, en gran medida, a una lógica de mercado: alta demanda internacional —especialmente de estudiantes extranjeros—, retorno económico rápido y baja barrera de entrada en términos regulatorios. El sistema educativo fue capturado por una lógica de exportación de servicios, no por una lógica de salud pública.
Y aquí reside la tensión de fondo. La lógica del mercado maximiza volumen; la lógica académica exige límites. Cuando ambas entran en conflicto, alguien debe poner el freno. Ese alguien es el Estado.
El costo que no se está midiendo
Los polos económicos que se generan alrededor de las facultades son reales, pero si la formación es deficiente, el impacto a mediano y largo plazo es negativo. Soy apenas una médica patóloga, sin conocimientos de economía, pero como docente médica y profesional que ejerce la patología, puedo ver el deterioro progresivo de nuestra profesión.
Médicos mal formados proveen una mala atención de salud y generan una mayor carga al sistema. Contribuyen a la pérdida de confianza —a la fractura del contrato social—, y a la larga las instituciones se deterioran, los títulos se desvalorizan y el país pierde competitividad a nivel local y regional. No puede haber desarrollo sostenible basado en una educación de baja calidad. El modelo actual privatiza beneficios económicos, pero socializa los riesgos.
Si la tendencia continúa, el país se expone a médicos con formación clínica insuficiente, aumento del riesgo de errores médicos, pérdida de confianza en el sistema sanitario y deterioro de la calidad global de la profesión. El costo de la expansión desregulada no se mide en matrículas: se mide en pacientes y en vidas.
El rol incómodo del Estado
Paraguay enfrenta un dilema de gobernanza. Por un lado, la presión por expandir la oferta educativa; por otro, la responsabilidad de garantizar calidad. Los propios diagnósticos oficiales reconocen debilidad en los sistemas de monitoreo, falta de datos confiables, ausencia de control continuo y carencia de recursos para implementar los sistemas regulatorios vigentes. Y aun así, se siguen habilitando nuevas carreras.
La pregunta es inevitable: ¿se está regulando en función de la calidad o en función de la demanda?
Quienes cuestionamos esta expansión solemos ser acusados de elitismo, de dinosaurios, de antidesarrollo, de anticonstitucionales, de querer cerrar oportunidades. Nada más lejos de la realidad. La posición académica es clara: no se trata de impedir la apertura de nuevas facultades, sino de condicionarla a la capacidad real de formar médicos competentes. Eso implica garantizar campos clínicos suficientes, asegurar tutores capacitados, controlar estándares mínimos de calidad y monitorear resultados. Sin eso, la expansión no es democratización. Insisto, es precarización.
El rol del Estado no es maximizar la cantidad de inversiones educativas, sino garantizar que esas inversiones no comprometan bienes públicos esenciales como la salud.
Una decisión de país
Paraguay no necesita decidir cuántas facultades quiere tener. Necesita decidir qué tipo de médicos quiere formar, porque al final del día el problema no es cuántos egresan, sino qué tan bien están preparados.
Es posible compatibilizar desarrollo económico y calidad si se establecen reglas claras: habilitación condicionada a capacidad clínica, distribución territorial planificada, evaluación continua de calidad e incentivos para la inversión responsable. El país necesita alinear el crecimiento económico con la capacidad real del sistema de salud para formar profesionales competentes.
Abrir facultades sin garantizar calidad no amplía derechos ni democratiza, compromete la salud de la población. Y en medicina, ese es un riesgo que ningún país debería estar dispuesto a asumir.
*Sandra Ocampos Benedetti es médica especialista en Anatomía Patológica y en formación basada en competencias, magíster en Educación Médica Superior y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, con investigaciones publicadas en revistas internacionales. Coordinó la Comisión Ad Hoc del CONES que investigó la situación de las carreras de Medicina en Paraguay.
