El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, adelantó que su bancada solicitará la postergación del tratamiento del proyecto conocido como “divorcio exprés” y ratificó su postura contraria a la iniciativa, al considerar que afecta la posibilidad de reconciliación dentro del matrimonio y no representa una solución más ágil para los procesos.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, se pronunció en contra del proyecto de ley conocido como “divorcio exprés” y adelantó que el sector político que integra solicitará postergar su tratamiento legislativo con la intención de avanzar posteriormente hacia su rechazo.
El legislador cuestionó tanto el enfoque como los efectos prácticos de la propuesta y sostuvo que la iniciativa no constituye una herramienta para acelerar los procesos, sino que podría generar mayores restricciones para las parejas.
“Va en contra de la familia y de lo tradicional. En vez de ser ‘exprés’, este proyecto va a enlentecer los procesos”, afirmó.
Según explicó, uno de los puntos que observa con preocupación es que el mecanismo propuesto podría dificultar una eventual reconciliación entre las partes una vez iniciado el trámite.
“Por ejemplo, si planteás el divorcio y a los 30 o 60 días cambiás de opinión, la propuesta te impide retroceder y te obliga a esperar un año para volver a intentarlo, quitando la chance de reconciliación”, señaló.
Núñez sostuvo que desde su bancada se planteará inicialmente la postergación del estudio del proyecto, aunque aclaró que la posición política ya está definida.
“Como bancada vamos a pedir la postergación, pero con respeto, nuestro voto es por el rechazo”, expresó.
Las declaraciones del titular del Congreso se producen en medio del debate sobre posibles modificaciones al régimen vigente de divorcio y en una discusión que comienza a generar posiciones diferenciadas dentro del ámbito político.
Mientras sectores promueven cambios orientados a simplificar procedimientos, desde sectores críticos sostienen que cualquier modificación debe contemplar no solo criterios administrativos sino también el impacto social y familiar de las decisiones.
El proyecto deberá seguir su trámite legislativo en las próximas semanas, donde se espera que continúe el debate sobre su alcance y eventuales modificaciones.
