En medio de la crítica situación financiera del Instituto de Previsión Social, la senadora liberal Celeste Amarilla planteó monetizar parte del vasto patrimonio inmobiliario de la previsional, que incluye costosas propiedades en estado de abandono o ruinas, para aliviar la falta de recursos destinados a medicamentos y atención. Sobre la gestión de Isaías Fretes, consideró que aún merece tiempo.
La crisis del Instituto de Previsión Social (IPS) sumó una propuesta concreta desde el Senado. La legisladora liberal Celeste Amarilla planteó que llegó el momento de evaluar la venta de parte del patrimonio inmobiliario de la previsional, integrado por numerosas propiedades de alto valor que hoy permanecen abandonadas o directamente en ruinas.
“No estoy diciendo tirar todo el patrimonio, pero tiene muchísimo. Que se vendan bien, muchas están destruidas. Hay que hacer un poco de plata en caja”, sostuvo la senadora.
Amarilla condicionó su planteamiento a una gestión transparente: aclaró que su postura descansa en la expectativa de que la administración de las ventas se realice con total buena fe, y que lo recaudado se destine a paliar el déficit de recursos para medicamentos y atención médica, los dos frentes más sensibles de la previsional.
La propuesta llega en una semana caliente para el IPS. El nuevo titular de la institución, Isaías Fretes, viene destapando irregularidades heredadas —equipos millonarios sin uso, obras inconclusas y hasta cientos de médicos con títulos de universidades cuestionadas—, mientras los enfermeros analizan medidas de fuerza por la equiparación salarial y sigue bajo la lupa el caso de los depósitos de la previsional en el banco Ueno.
Sobre la gestión de Fretes, la senadora se mostró dispuesta a darle tiempo, atendiendo a la magnitud de la institución que le tocó administrar. Pero dejó una exigencia dirigida al Poder Ejecutivo: los legisladores esperan escuchar al presidente Santiago Peña para conocer cuál será el rumbo definitivo del IPS.
El patrimonio inmobiliario de la previsional es, desde hace décadas, uno de sus activos más opacos: edificios, terrenos y locales distribuidos en todo el país, muchos sin uso productivo ni mantenimiento, cuya administración ha sido objeto de repetidos cuestionamientos.
