El fiscal Julio Ortiz informó que desconoce el paradero de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) imputados por lesión de confianza y que recibió información extraoficial de que Vicente Bataglia no estaría en el Paraguay. El agente fiscal también descartó que exista obra física del quirófano modular investigado y admitió que precipitó las imputaciones a raíz de las filtraciones en torno a la causa.
El fiscal Julio Ortiz brindó detalles de la investigación que lleva adelante en torno al Instituto de Previsión Social (IPS) y las imputaciones contra los expresidentes de la entidad Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otras siete personas. El agente fiscal informó que desconoce el paradero de los extitulares de la previsional, aunque manifestó haber recibido una información extraoficial sobre la situación de uno de ellos.
«Desconozco el paradero de Jorge Brítez. Con respecto a Vicente Bataglia me dijeron extraoficialmente que no estaría en el país», señaló el fiscal, en declaraciones difundidas por la radio Ñanduti. Ortiz precisó, sin embargo, que la eventual salida del país no configura por sí sola una situación de rebeldía: «No está prófugo porque no sabía que yo ordené su detención. Antes de esto ya estaba aparentemente fuera del país», sostuvo.
Consultado sobre la posibilidad de librar una orden de detención internacional, el representante del Ministerio Público indicó que evaluará el caso una vez confirmada esa circunstancia. «Si corresponde, sí. Si corroboro que está fuera del país. Pero no tengo esa constancia. Tendríamos que preguntar a Migraciones para saber si tienen constancia de que él salió del país o no», explicó.
Uno de los puntos centrales de sus declaraciones fue la inexistencia de obra ejecutada en el caso por el que hay nueve personas imputadas. «No hay ninguna construcción con respecto a este quirófano modular», afirmó Ortiz, descartando que exista obra física vinculada al proyecto.
El fiscal atribuyó además la celeridad con la que se formularon las imputaciones a la difusión anticipada de información sobre la investigación. «Hay muchas filtraciones. A consecuencia de eso es que precipité estas imputaciones», agregó.
Ortiz explicó que la causa se encuentra dividida en dos líneas de investigación. La indagación sobre los extitulares y funcionarios del IPS está a su cargo, mientras que la referida a la empresa Neighpart SA y sus directivos quedó radicada en la Unidad Barrial 7, bajo responsabilidad de la fiscal Silvia González. Hasta el momento, la única detenida es la abogada Rosa Concepción Colmán: «Ella hizo dictámenes donde decía que correspondían las adendas y pagos», indicó el fiscal.
El agente fiscal también se refirió a una posible ampliación de la imputación, para lo cual aguarda acceder a las actas del Consejo del IPS y determinar el sentido del voto de cada consejero. «Estoy necesitando los documentos para saber el tenor de las votaciones, para saber quiénes son los que votaron a favor de esto y excluir a los que votaron en contra, se abstuvieron o no asistieron», explicó.
