Paraguay llega a agosto con una combinación poco frecuente en la región: crecimiento económico proyectado en 4,5%, inflación acumulada de apenas 1,8%, una moneda que se fortaleció más de 10% frente al dólar y mejores condiciones para atraer capital. Al mismo tiempo, mientras Argentina y Brasil trasladan sus diferencias políticas al terreno diplomático, el Gobierno de Santiago Peña sostiene una posición prudente que busca preservar los intereses paraguayos. Estos datos no significan que los problemas del país hayan desaparecido. Significan algo más importante: Paraguay dispone hoy de estabilidad, previsibilidad y márgenes de decisión que durante demasiado tiempo fueron excepcionales en América Latina.
Durante décadas nos acostumbramos a hablar de estabilidad macroeconómica como si se tratara de una virtud exclusivamente contable, interesante para economistas, bancos centrales y organismos internacionales. Sin embargo, la estabilidad tiene consecuencias políticas mucho más profundas. Una moneda que conserva su valor, un Estado que puede financiarse en condiciones razonables, una inflación controlada y una economía que crece amplían la capacidad de una nación para decidir por sí misma. La soberanía también se construye de esa manera.
Los números de 2026 merecen ser observados desde esa perspectiva. El Banco Central elevó su previsión de crecimiento económico al 4,5% y redujo la estimación de inflación para el cierre del año al 3,3%. Hasta julio, la inflación acumulada fue de apenas 1,8%, mientras el guaraní se había apreciado más del 10% frente al dólar. Agricultura, manufacturas, servicios y consumo privado acompañan el crecimiento, mientras el crédito al sector privado mantiene una expansión importante.
Ninguno de estos indicadores constituye por sí mismo una política social ni reemplaza las obligaciones que todavía tiene el Estado paraguayo. Una economía puede crecer y conservar desigualdades; puede atraer inversiones y continuar arrastrando déficits históricos en salud, educación, vivienda o infraestructura. El desafío consiste precisamente en utilizar esta etapa de estabilidad para avanzar sobre esas deudas. La diferencia es que resulta mucho más fácil construir políticas públicas duraderas sobre una economía que crece que administrar permanentemente las consecuencias de una crisis.
En ese punto debe leerse la gestión de Santiago Peña. El Gobierno recibió una economía ordenada y decidió conservar esa continuidad, pero al mismo tiempo intenta convertirla en una plataforma para atraer inversiones, ampliar infraestructura, desarrollar vivienda y posicionar al Paraguay como destino regional de capital. La estabilidad dejó de ser solamente una defensa contra las crisis para empezar a funcionar como ventaja competitiva. Ese cambio parece pequeño, pero representa una diferencia fundamental respecto de buena parte de nuestra historia económica.
También conviene mirar lo que ocurre alrededor. Argentina y Brasil atraviesan una nueva tensión diplomática que amenaza con trasladar sus diferencias políticas al funcionamiento del Mercosur. Paraguay podría caer fácilmente en la tentación de escoger un bando según afinidades ideológicas circunstanciales. La posición prudente del Gobierno es más razonable. Nuestro interés nacional exige relaciones funcionales con ambos vecinos porque de ellas dependen cuestiones demasiado importantes: energía, hidrovía, comercio exterior, infraestructura, mercados y la propia estabilidad del proceso de integración regional.
Paraguay no necesita convertirse en comentarista de las disputas entre Milei y Lula. Necesita relacionarse con Argentina y Brasil desde sus propios intereses. Esa autonomía resulta más fácil cuando detrás de la diplomacia existe una economía estable. Un país permanentemente necesitado de auxilio financiero, con una moneda destruida o sometido a crisis fiscales recurrentes dispone inevitablemente de menos libertad para defender posiciones propias. La dependencia económica termina tarde o temprano convirtiéndose en dependencia política.
Por eso resulta insuficiente interpretar el fortalecimiento del guaraní, la baja inflación o el crecimiento exclusivamente desde la lógica del mercado. La economía debe estar al servicio de una comunidad nacional y aumentar sus capacidades. La estabilidad sirve cuando permite mejorar salarios reales, financiar infraestructura, fortalecer servicios públicos, sostener políticas familiares, proteger nuestro patrimonio natural, desarrollar industrias y crear condiciones para que los paraguayos puedan proyectar sus vidas dentro del país. El crecimiento económico es una herramienta; la Nación continúa siendo el fin.
El desafío del Gobierno empieza precisamente ahora. Mantener los equilibrios conseguidos será importante, pero ya no suficiente. La próxima etapa debe transformar estabilidad en desarrollo, crecimiento en mejores condiciones de vida e inversión en capacidades nacionales permanentes. Si Paraguay consigue dar ese paso, la actual coyuntura dejará de ser solamente una sucesión favorable de indicadores económicos. Se habrá convertido en algo bastante más trascendente: una ampliación concreta de nuestra soberanía.
