El presidente del Congreso, Basilio Núñez, calificó de grave la renuncia de decenas de médicos especialistas presentada este lunes, y sostuvo que «el ser médico es un apostolado», al remarcar que ningún profesional debería abandonar a un paciente pediátrico sin asistencia.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, se refirió en duros términos a la ola de renuncias de especialistas que se presentaron este lunes ante el Ministerio de Salud Pública. «Es grave lo que está sucediendo, el ser médico es un apostolado, yo no puedo renunciar teniendo un paciente pediátrico, se le dejará sin asistencia a ese paciente», afirmó a los medios de comunicación en el Palacio Legislativo.
Núñez consideró que el reclamo del sector es legítimo, pero lo condicionó a la disponibilidad de recursos del Estado. «El pedido que realizan es adecuado si se tiene los recursos, pero si no tenemos qué haremos, de dónde se sacará, ya tenemos un 3,1% de déficit. Si vamos a reivindicar a los médicos también debemos hacerlo con otros personales como las enfermeras, bioquímicos, radiólogos, ahora se suman los docentes», sostuvo.
Sobre los aproximadamente 12.000 médicos del sector de la salud pública, el legislador sostuvo que «tienen que ser reivindicados», aunque pidió diferenciar a los especialistas de «los que se reciben recién» y de los médicos que no hicieron residencia. Llamó además a sentarse a dialogar, al advertir que se trata de «un problema estructural en la salud que no se solucionará de la noche a la mañana».
Las declaraciones se dan en medio del debate abierto en el oficialismo sobre cómo financiar el reclamo del sector, que incluyó en los últimos días propuestas de sus propios colegas de bancada, como la de Silvio «Beto» Ovelar de elevar impuestos de forma gradual, y las reiteradas advertencias del propio Núñez sobre el impacto de una mayor presión tributaria en el consumo. El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) había llevado adelante, entre el 24 y el 28 de agosto, una huelga nacional con la participación de unos 11.000 médicos del sector público, en reclamo de un reajuste salarial del 76%.
