Hay una paradoja que el Gobierno ya no puede seguir ignorando. Mientras el Paraguay exhibe un crecimiento económico que despierta elogios, las familias campesinas siguen fuera de la bonanza. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística difundidas para el tercer trimestre de 2026, el empleo agropecuario cayó en 50.765 personas respecto del mismo periodo del año anterior: un retroceso del 11,4%. No todos esos puestos corresponden a la agricultura familiar, pero el dato expresa una realidad que el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene la obligación de enfrentar. ¿Qué respuesta ofrece su titular, Carlos Giménez, a los pequeños productores que cada año encuentran más difícil vivir de su trabajo?
El problema tiene nombre: descampesinización. No es simplemente que las personas se muden del campo a las ciudades. Es la pérdida de las condiciones que permiten a una familia producir, vender, invertir y proyectar allí su futuro. Sin crédito oportuno, tecnología apropiada, caminos, riego, asistencia técnica y mercados estables, el pequeño productor queda condenado a sobrevivir entre cosechas inciertas y precios que no controla. Y cuando abandona su finca, no desaparece solo una actividad económica: se debilita una comunidad, se rompe una tradición productiva y se amplía la distancia entre el Paraguay que prospera y el que apenas resiste.
Lo más grave es que no estamos ante un problema sin solución conocida. Francia, Italia, Japón o Corea del Sur, con políticas diferentes, han encontrado formas de integrar a la producción familiar a economías modernas: cooperativas fuertes, financiamiento, innovación, transformación de alimentos, compras institucionales y circuitos comerciales mejor organizados. Ninguno de esos países convirtió al pequeño productor en una reliquia del pasado. En Paraguay, en cambio, seguimos viendo cómo numerosos alimentos llegan del exterior mientras familias que podrían participar de su producción carecen de condiciones competitivas. Importar no es, por sí mismo, un fracaso; fracasar es no construir capacidades nacionales donde existen oportunidades reales de producir, generar ingresos y abastecer mejor a la población.
¿Cuál es la transformación que Carlos Giménez puede atribuir a su gestión? ¿Qué política innovadora cambió la productividad o la rentabilidad de las pequeñas fincas? ¿Cuántas familias se incorporaron de modo sostenible a cadenas de valor? ¿Qué resultados verificables puede mostrar en comercialización, ingresos y arraigo rural? La pregunta no se responde con fotografías de entregas, ferias ni declaraciones de ocasión. Esas actividades pueden tener utilidad, pero no reemplazan una política pública. Si el Ministerio dispone de programas eficaces, corresponde publicar sus resultados, evaluarlos y demostrar que produjeron cambios concretos. Hasta ahora, esa transformación no aparece con claridad ante la ciudadanía.
El pequeño productor no necesita que el Estado lo trate como beneficiario permanente de asistencia. Necesita oportunidades para convertirse en un actor económico competitivo. Una política seria debería conectar producción y consumo, ampliar el acceso al crédito y al seguro, facilitar tecnología y riego, organizar compras públicas transparentes, fortalecer cooperativas y resolver los obstáculos de transporte y comercialización. También debería permitir que la producción nacional de alimentos contribuya a una oferta más estable y accesible para las familias paraguayas. No se trata de nostalgia campesina: se trata de empleo, seguridad alimentaria, desarrollo territorial y futuro.
Giménez no inventó los problemas históricos de la agricultura familiar, pero aceptó la responsabilidad de conducir la institución llamada a enfrentarlos. Ese es el punto. Un ministro no está para administrar la inercia ni para ocupar un cargo como si fuera patrimonio político. Está para identificar prioridades, impulsar reformas, coordinar recursos y rendir cuentas por sus efectos. Cuando no puede señalarse una mejora estructural atribuible a su conducción, su permanencia deja de ser una cuestión personal: se convierte en un costo para el país y en un lastre para un Gobierno que pretende exhibir resultados.
Carlos Giménez debe ser destituido. El presidente Santiago Peña tiene que comprender que la calidad de su gestión también se mide por lo que ocurre en las pequeñas fincas y en las mesas de las familias campesinas. El Paraguay no puede celebrar su crecimiento mientras acepta como inevitable el debilitamiento de quienes producen alimentos y sostienen sus comunidades. Hace falta un ministro con una agenda moderna, metas públicas y capacidad de ejecución. Las familias campesinas no necesitan otra ceremonia de entrega de insumos: necesitan una política que les permita trabajar, prosperar y quedarse en su tierra. Y el país necesita dejar de confundir presencia ministerial con gestión.
