La resolución de ueno bank alcanzó a cerca de 2,9 millones de clientes. Más allá del daño patrimonial, existe literatura académica extensa sobre lo que ocurre con la salud mental y el comportamiento de una población después de una crisis financiera, y también sobre los factores que amortiguan ese golpe.
El costo sanitario está documentado. Una revisión de Guerra y Eboreime publicada en 2021, que relevó 127 estudios cuantitativos en países de la OCDE, encontró una relación significativa entre recesiones y aumento de los síntomas depresivos, tanto durante el episodio como después. En Grecia, la prevalencia mensual de depresión mayor pasó del 3,3% en 2008 al 8,2% en 2011. En España, los cuadros depresivos aumentaron alrededor del 19,4% entre 2006 y 2010. El endeudamiento apareció asociado a la depresión con una razón de probabilidades de 2,17 y la inseguridad laboral con 1,86. Los grupos más golpeados fueron las personas de menores ingresos y menor nivel educativo, y los jóvenes.
La huella sobre la conducta dura mucho más que el episodio. Malmendier y Nagel documentaron en el Quarterly Journal of Economics que las experiencias económicas vividas moldean la disposición de las personas a tomar riesgo durante décadas, y que esa marca se desvanece con mucha lentitud. Quienes atravesaron un derrumbe siendo adultos con algo que perder cargan esa cautela por el resto de su vida económica, con independencia de lo que ocurra después con la economía del país.
Paraguay recibe ese golpe sobre un terreno ya desgastado. El informe 2026 de Latinobarómetro, elaborado antes de la caída del banco, midió una satisfacción con el sistema judicial del 22% en la región, una confianza en los partidos políticos del 15%, y apenas un 26% de personas que consideran que el Estado hizo algo por ellas. En Paraguay, el 71% dijo que no le importaría un gobierno no democrático si resuelve los problemas, la cifra más alta de América Latina. Una crisis que involucra fondos públicos, jubilaciones y funcionarios con participación accionaria en la entidad caída aterriza sobre esa base de desconfianza previa.
La misma literatura identifica los factores que amortiguan el daño, y ninguno de los dos es monetario. La revisión de Guerra y Eboreime encontró que el apoyo social y la existencia de resguardos frente a la pérdida de empleo reducen de manera medible el impacto sobre la salud mental de una población golpeada. Dicho de otro modo, lo que protege a la gente no es solamente recuperar el dinero, sino la percepción de que existe una red que la sostiene y un entorno que responde cuando algo se rompe.
Ahí aparece la responsabilidad que tienen por delante los poderes del Estado, y que excede largamente lo económico. Las causas judiciales abiertas, la identificación de los responsables y el cumplimiento de los plazos de pago del fondo de garantía van a pesar sobre el ánimo colectivo bastante más que el monto final que se recupere. Una sociedad que ve que el daño tuvo consecuencias para quienes lo provocaron procesa la pérdida de una manera; una que concluye que no pasó nada la procesa de otra, y esa segunda lectura es la que deja marcas largas. La Fiscalía, el Poder Judicial y los organismos de control tienen en sus manos, además de un expediente, buena parte de la reparación que esta crisis todavía puede ofrecer.
