La noticia de la liberación de casi 80 presidiarios de la cárcel de Pedro Juan Caballero, planeada por el Primer Comando Capital (PCC), sacudió a nuestro país esta semana. Este grave hecho da cuenta del debilitamiento de las instituciones del Estado frente al avance de las organizaciones criminales.
Estos acontecimientos no son aislados ni nuevos sino que, por el contrario, obedecen a un proceso de degradación institucional de larga data, en el que viene prevaleciendo la idea pergeñada por determinados poderes fácticos de que Paraguay sea un gran lugar de producción, comercialización y, sobre todo, de tránsito de drogas.
La respuesta que ha dado el presidente del Congreso –declarar una vez más Amambay como “zona de excepción” – es completamente insuficiente. A diferencia de los recursos del Estado, los recursos de los narcos son ilimitados. Por ello, cualquier respuesta que se agote en una “guerra frontal” resulta de antemano perdida.
Las organizaciones criminales tienen la posibilidad de corromper y/o seducir a cualquier ciudadano –sobre todo, miembros de las fuerzas del orden- que por ambición o miedo sucumban ante sus ingentes recursos económicos. Justamente, hechos como lo recientemente ocurrido son una muestra patente de esto último.
Los partidos políticos tradicionales, por su mayor peso en el sistema político, tienen la posibilidad de plantear soluciones y dar respuestas más integrales a un fenómeno muy complejo como es el de la narcopolítica. Ésta tiene una agenda muy definida: el copamiento sostenido de todos los órganos de representación política –concejalías, municipios, juntas departamentales, gobernaciones y ambas cámaras del Congreso. Esto contrasta con la falta de posiciones políticas definidas de los líderes de la ANR y del PLRA con representación parlamentaria.
Las mafias en el Paraguay no solo buscan garantías para sus negocios ilícitos, sino que buscan obtener mayor incidencia en la toma de decisiones públicas. Contrarrestar esta agenda requiere una serie de disposiciones, reformas y políticas públicas.
En este sentido, es una necesidad urgente que se sanciones leyes que permitan un mayor control del financiamiento de la política. Una verdadera ley de trazabilidad del origen de los fondos que se invierten en las campañas electorales.
Esto debería ser un consenso nacional de todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Si no lo hacen, manifiestan que ya están capturados por elementos del narcotráfico, debiendo a éste obediencia y no a la ciudadanía.
Además, debemos avanzar hacia normas que neutralicen el excesivo peso del dinero privado en las campañas electorales, para que la lucha política tenga un sentido verdaderamente democrático. Por ejemplo, se debe garantizar el transporte gratuito durante las jornadas electorales, así como publicidad gratuita en horarios centrales para todos los candidatos en determinado período de campaña.
Contrariamente a lo que sostiene cierto sentido común, el financiamiento de la política debe cada vez deberle menos a los financistas privados. Una condición sine qua non de la democracia es que los recursos para elegir representantes del pueblo provengan del financiamiento público y no del bolsillo de particulares. Solo de esa manera podremos tener representantes que no se encuentren atados a sus patrones y que legislen con lealtad a los altos intereses de la república.
Demás está decir que esto implica una mayor responsabilidad de parte los partidos políticos, puesto que el dinero de los contribuyentes debe ser celosamente salvaguardado. Para que esto sea garantizado, deberán crearse organismos multisectoriales, con fuerte participación de integrantes de la sociedad civil en el control del dinero público.
Enfrentar el avance del copamiento de lo público por lo privado –especialmente por parte de la narcopolítica- exige una reconciliación de la sociedad con los partidos y el sistema político, tan vaciados de ideas y proyectos que impacten realmente en la gente y degradados éticamente.
Las horas que vive el Paraguay no dan lugar a posiciones tibias. Estar en contra de que se transparente el origen del dinero que financia a los políticos es, lisa y llanamente, jugar a favor de la narcopolítica. Las balas por sí solas no van a frenar a las organizaciones delictivas, se necesita cortar de raíz el vínculo que las une al Estado. Y eso se hace fortaleciendo a las instituciones.
