El fallo de la Corte Suprema que hará públicas las declaraciones juradas de todos los funcionarios estatales es un paso adelante en el acceso a la información pública. Pero el fenómeno de la corrupción no se reduce a hechos de enriquecimiento ilícito, se trata de un problema sociopolítico amplio y no exclusivamente jurídico.
En Paraguay la corrupción es un tema omnipresente en los medios de comunicación y en la política, hasta el punto en que se vuelve un disco rayado: hablamos del tema hasta el cansancio pero nunca nos detenemos a pensar cuál es su verdadero rostro.
Un ejemplo de esta realidad es la esperanza que se cifra en el fallo de la Corte Suprema que autoriza a publicar las declaraciones juradas de todos los funcionarios estatales. Esta resolución pone a Paraguay en los mismos estándares de los países de la región y es, sin dudas, un paso adelante en el acceso a la información pública, que permitirá identificar a aquellos actores políticos que violaron la ley para su beneficio personal.
Pero, hay que decirlo, el fenómeno de la corrupción no se reduce a hechos de enriquecimiento ilícito, como creen aquellos que promueven una visión individualista y puramente legalista de la cuestión. En la mayoría de los casos la discusión sobre los hechos de corrupción no aborda su carácter de problema sociopolítico amplio, y lo limita a una cuestión exclusivamente jurídica.
Pensar y discutir en serio la corrupción requiere poner sobre la mesa a los diferentes actores, sin criterios selectivos de ningún tipo. Además, para dar cuenta del problema, es necesario un abordaje republicano, empezando por definir a la corrupción como la apropiación privada del patrimonio de todos.
Como dice la destacada politóloga de la Universidad de Columbia, Camila Vergara, la corrupción no es un tipo de acción meramente individual, sino que es una realidad organizada, sistémica. Retomando a Aristóteles y a Maquiavelo, Vergara propone pensar al fenómeno más allá de sus episodios anecdóticos para ampliar el concepto a la manera en que se va degradando el espacio público y sus patrimonios, tanto de manera legal como ilegal.
Para ser más claros: la corrupción es sistémica y no individual cuando el interés sectorial prima de manera organizada sobre el bien común, el cual debería ser el horizonte de toda acción política.
Por este motivo, querer presentar al fallo de la Corte sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos como la panacea del combate a la corrupción es reducir el fenómeno en cuestión a una simple figura penal -en este caso, el presunto enriquecimiento ilícito de ciertos individuos- ocultando la compleja trama público-privada que se apropia de lo que pertenece a toda la ciudadanía. Es un arbusto que tapa el bosque.
Como diferentes estudios lo demuestran, el núcleo más importante de corrupción del Estado paraguayo son sus compras públicas mal hechas, donde imperan sobrecostos y licitaciones dirigidas. La patria contratista, conformada por grandes linajes empresariales, es el verdadero agente y principal beneficiario de estas prácticas.
En las grandes alianzas público-privadas para el despojo del erario público, el personal político y burocrático del Estado ocupa una posición claramente subordinada, recibiendo siempre el “vuelto” de las grandes operaciones de saqueos. Los políticos son la cara visible y no el corazón de un sistema hecho para ampliar las desigualdades, distorsionar la competencia y destruir las instituciones democráticas.
La patria contratista, que viene parasitando el Estado nacional desde tiempos inmemoriales, es además la que distorsiona la competencia electoral, con sus ingentes aportes legales e ilegales a diferentes fuerzas políticas.
El financiamiento de las campañas, sin trazabilidad ni mecanismos reales de control, distorsiona la legitimidad de nuestra representación política. Es el fundamento de la degradación de nuestras instituciones y el rostro más siniestro de la corrupción. Esto es así porque a partir de ella se produce el sometimiento de lo público a los intereses privados, la captura del patrimonio nacional por parte de poderosos grupos económicos.
Si la corrupción es una apropiación ilegal de recursos públicos, ella no es solamente el desvío de los fondos consignados en el presupuesto general de gastos.
Tomando la definición mencionada, es necesario decir que corrupción también es la destrucción de nuestro patrimonio faunístico para el beneficio privado, corrupción es también el extractivismo sin control de nuestros recursos hídricos por parte de empresas aguateras, corrupción es el desmonte y la tala indiscriminada de nuestros bosques, corrupción es la especulación financiera que realizan los bancos con los fondos públicos, y un sinfín de prácticas donde agentes privados se adueñan de los bienes de la comunidad.
Que quede bien claro: este planteo de ninguna manera busca justificar a los políticos, ni mucho menos desresponsabilizarlos.
Por el contrario, es una crítica a la incapacidad de la dirigencia política para construir proyectos políticos capaces de tener mayor autonomía, sobre todo respecto de los poderes fácticos que actúan como sus verdaderos patrones. No podremos pensar en un combate serio a la corrupción si nuestro sistema de partidos sigue preso del poder del dinero, de los grandes lobbys del capital transnacional o de las directivas de organismos multilaterales que mutilan nuestra soberanía.
Más que de una supuesta corrupción endémica, nuestros políticos son culpables de no tener un proyecto político propio, son culpables de ser impotentes para disciplinar a las camarillas empresariales que han capturado el Estado, reduciéndolo a una simple maquinaria facilitadora de sus grandes negocios.
Construir una república verdadera exige revertir la impotencia política de nuestras fuerzas políticas organizadas y alentar un involucramiento más decidido de la sociedad en los asuntos públicos. La lucha contra la corrupción no se realiza solo con la actitud pasiva de la sospecha, sino con la voluntad activa de la participación, la deliberación y el ejercicio de la soberanía política.
