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viernes, mayo 3, 2024

Desde Itaipú afirman que proyecto de compensación a exobreros es inviable

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El director de Itaipú, lado paraguayo, Manuel María Cáceres, señaló que el proyecto de ley que pretende un pago compensatorio para exobreros de empresas contratistas que construyeron la represa es inviable en cuanto al monto exigido y los mecanismos de pago.

Señaló que el reclamo es de unos 15.000 exobreros de empresas que realizaron servicios para la Itaipú Binacional. Estos empleados nunca tuvieron relación laboral directa con Itaipú, sino que fueron empleados de empresas que realizaron trabajos para la binacional, aclaró.

Además, Itaipú cuenta con las notas reversales, aprobadas por los congresos de Paraguay y Brasil, que dejan sin efecto cualquier corresponsabilidad, dijo el director este lunes en conferencia de prensa.

Actualmente, se encuentra en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que aprueba el pago de indeminización para exobreros de empresas contratistas y subcontratistas con Itaipu Binacional, tras su aprobación por el Senado.

El monto de indemnización se estima en unos US$ 900 millones, que representa un monto inmenso, dijo Cáceres. Este desembolso representa dos años de aportes al Estado en concepto de royalties, o la totalidad de lo invertido por la binacional para su proceso de actualización tecnológica, que durará 14 años, dijo Cáceres como ejemplo.

Otra cuestión que vuelve inviable al proyecto es que la aprobación del Congreso paraguayo obliga unilateralmente a Itaipú a financiar los pagos compensatorios, cuando la autorización de un pago de este tipo se realiza mediante aprobación del Consejo de Administración Binacional.

«Estas decisiones se toman en el Consejo de Administración, conformado por ambas márgenes, por lo que uan decisión unilateral que obligue a una de las partes a realizar este desembolso es inviable».

El director de Itaipú señaló que se está en condiciones de dialogar con los congresistas, pero en caso de su sanción por el Congreso el proyecto sería vetado por el Poder Ejecutivo, y la binacional podría solicitar la declaración de inconstitucionalidad del referido proyecto.

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