La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que fija topes a los descuentos compulsivos sobre salarios de servidores públicos, evitando que superen el 50% del ingreso mensual.
En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley “Que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado”.
La propuesta surge como respuesta a la situación de empleados y funcionarios que enfrentan embargos y descuentos excesivos sobre sus ingresos, lo que limita la posibilidad de cubrir necesidades básicas. El texto aprobado establece que los descuentos compulsivos derivados de créditos o embargos no podrán exceder el 50% de los ingresos mensuales, siempre que estén debidamente autorizados y canalizados a través de asociaciones, cooperativas, sindicatos o mutuales reconocidos.
El dictamen de la Comisión de Presupuesto, defendido por la diputada Cristina Villalba (ANR–Canindeyú), introdujo modificaciones como la unificación de las denominaciones en la figura de “servidor público”, en concordancia con la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil. También se excluyó a los beneficiarios de pasividades y programas sociales, y se designó a las Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas de cada entidad como responsables de aplicar la norma y recibir denuncias.
La diputada Rocío Abed (ANR–Alto Paraná) destacó que con la nueva disposición se garantiza que los descuentos no superen la mitad del ingreso mensual. En la misma línea, la diputada Rocío Vallejo (PPQ–Capital) valoró la incorporación de un artículo que define la prelación de cobros, dando orden y transparencia a los múltiples descuentos que suelen enfrentar los trabajadores.
El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA–Paraguarí) subrayó que el proyecto introduce herramientas claras para prevenir abusos y fortalecer la transparencia. Por su parte, Carlos Pereira (PLRA–Itapúa) también se manifestó a favor.
El documento será remitido nuevamente a la Cámara de Senadores, tras coincidir en que la normativa constituye un avance hacia la justicia social y el respeto a los derechos de los servidores públicos.
