Los datos publicados por el IPS confirman una tendencia clara: el empleo formal está creciendo de manera sostenida y más rápido que en años anteriores. En el período de doce meses, de octubre de 2024 a octubre de 2025, el número de cotizantes se incrementó de 760.996 a 818.761.
Este aumento de más de 58.000 trabajadores protegidos, que llevó la variación interanual del 3,3 % al 7,6 %, se debe a una decisión política del presidente Santiago Peña. El empleo registrado —que implica derechos, cobertura social y estabilidad— se ha convertido en el eje central de su proyecto económico. Bajo esta administración, la formalización ha pasado de ser una meta discursiva a una curva ascendente real y verificable.
Para entender la relevancia de este proceso, es útil simplificarlo: una persona con empleo registrado trabaja con un contrato legal, sus aportes a la seguridad social se pagan mensualmente y, por ello, accede a servicios y protecciones fundamentales. Un trabajador formal puede utilizar el sistema de salud del IPS, tiene protección ante accidentes laborales, accede a una cobertura contingente si pierde el empleo, y acumula un historial de aportes para una jubilación futura.
Además, su salario está protegido por las leyes laborales, lo que le garantiza vacaciones pagadas, aguinaldo, permisos por maternidad o paternidad, y defensa ante despidos injustificados. El empleo formal es la vía de acceso a los derechos laborales y de seguridad social esenciales para una vida planificada y menos vulnerable.
Este proceso de formalización ocurre en un país donde más del 60 % de los trabajadores sigue en la informalidad, muchos de ellos jóvenes sin seguro social ni aportes jubilatorios. Por ello, cada incorporación al régimen del IPS tiene un impacto social que va más allá de la estadística: significa una familia que gana previsibilidad y protección, e ingresa a un mercado laboral con reglas claras.
También fortalece al Estado, ya que cada nuevo cotizante contribuye a la sustentabilidad del sistema previsional, robustece el financiamiento del IPS y aporta a un mayor equilibrio económico.
El actual crecimiento de cotizantes se explica por la orientación del Gobierno. La política laboral bajo Peña ha combinado la simplificación de trámites, la digitalización, una fiscalización más activa y, sobre todo, una estrategia para generar las condiciones necesarias: facilitar la formalización empresarial, capacitar a los trabajadores y mejorar la intermediación laboral.
La modernización de estos mecanismos —como EmpleaPy y la regularización de empresas— ha creado un entorno donde la formalización se vuelve una decisión viable y conveniente. El resultado es claro: más trabajadores protegidos, más empresas en cumplimiento y un mercado laboral que se ordena en torno a contratos y aportes.
A pesar de este avance, la informalidad sigue siendo la característica dominante del mercado laboral paraguayo. El Gobierno mismo reconoce la necesidad de endurecer controles y seguir ampliando los incentivos para formalizar.
No obstante, el cambio de tendencia ya está establecido. Los datos muestran que la economía paraguaya, por primera vez en varios años, está sumando cotizantes al IPS a un ritmo alto y constante. Esta dinámica, impulsada desde el Ejecutivo, es crucial porque aborda el aspecto más sensible del crecimiento de un país: la seguridad y estabilidad de su gente.
Hablar de formalización es hablar de salud, jubilación, estabilidad y protección frente al riesgo. El liderazgo de Santiago Peña en este ámbito tiene un peso especial: en lugar de confiar únicamente en el crecimiento macroeconómico, se ha enfocado en que ese crecimiento se traduzca en empleo registrado. Los números comienzan a demostrar que esta decisión política mejora el núcleo más fundamental del país: la vida cotidiana de quienes trabajan.
