La interna opositora atraviesa una brecha ideológica profunda, casi irreconciliable, que divide a dos proyectos de país alojados en un mismo espacio electoral.
Mientras un sector se inclina hacia la nueva derecha radical latinoamericana, otra parte apuesta por una centroizquierda clásica que reivindica la protección social, el rol del Estado y la transparencia. Esa tensión atraviesa de punta a punta el diseño de la alianza más visible: la que encabeza Soledad Núñez.
En el entorno de Núñez señalan —siempre en condicional— que su equipo podría estar recibiendo orientación estratégica de Cristián Valenzuela, figura clave del Partido Republicano chileno y asesor central del posible futuro presidente José Antonio Kast.
Si se confirmara, no sería un dato menor: Valenzuela es un ideólogo de la derecha dura chilena, defensor de una mirada que asocia el crecimiento al adelgazamiento del Estado y a la crítica frontal al empleo público.
Ese marco conceptual contrasta con la tradición liberal-progresista del PLRA, que históricamente reivindicó el Estado social y la educación pública, y que hoy, al aliarse con Núñez, se ve obligado a convivir con una sensibilidad política foránea y más radicalizada.
A este cuadro se suma un actor determinante: el senador Eduardo Nakayama, quien se ha convertido en la figura más visible del mileísmo paraguayo. Nakayama participa activamente de encuentros con referentes libertarios argentinos como Lila Lemoine y otros dirigentes del ecosistema mileísta, defendiendo públicamente la agenda de Estado mínimo, desregulación agresiva y redefinición del gasto público bajo lógicas de shock liberal.
Su presencia no es decorativa: es parte estructural del armado político que rodea a Núñez. Y esa presencia genera ruidos inmediatos. Sectores del PLRA más progresista, especialmente el núcleo militante cercano a Ever Villalba, observan con incomodidad cómo la alianza opositora empieza a teñirse de discursos que nada tienen que ver con la tradición social-democrática o garantista del liberalismo histórico.
Del otro lado de la interna, Johanna Ortega representa exactamente lo contrario. Militante de País Solidario, consolidada como figura ética de la centroizquierda capitalina, y respaldada por referentes del casi extinto Frente Guasu como Esperanza Martínez, Ortega articula un proyecto donde el Estado cumple un rol central: inversión social, fortalecimiento institucional, redistribución y enfoque social.
El contraste es tan fuerte que, incluso comparado con el Partido Colorado, la oposición aparece hoy más ideológicamente fragmentada. En la ANR conviven sectores conservadores en lo moral, pero ninguno ha planteado jamás un programa de Estado mínimo al estilo Milei o Kast. El cartismo utiliza el Estado: obra pública, inversión, programas sociales y estructura territorial. En cambio, es dentro de la oposición donde emergen discursos que reivindican el achicamiento drástico del Estado, el desmantelamiento regulatorio y una visión “antiestablishment” que se apoya en figuras libertarias de la región.
