Autoridades del Poder Ejecutivo se reunieron con senadores y directivos de la Cámara Paraguaya de la Construcción para analizar mecanismos de pago de la deuda estatal con el sector, estimada entre USD 335 y 370 millones, y propusieron recurrir a los contratos de factoraje previstos en la Ley 6.542/2020.
Autoridades del Poder Ejecutivo convocaron a senadores y a representantes de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) para abordar el pago de parte de la deuda que el Estado mantiene con las empresas constructoras, cuyo monto total es estimado por el sector entre USD 335 y 370 millones.
La reunión fue encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, junto con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y contó además con la participación del senador Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado.
Durante el encuentro, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se planteó la posibilidad de utilizar los mecanismos previstos en la Ley 6.542/2020, que regula los contratos de factoraje. Este instrumento permite la cesión de facturas a un tercero, generalmente una entidad financiera, como una alternativa para generar liquidez inmediata a las empresas con créditos pendientes del Estado.
Según datos de Capaco, la deuda certificada en concepto de capital asciende a USD 250 millones, a lo que se suman aproximadamente USD 120 millones en intereses, alcanzando un total cercano a los USD 370 millones. En tanto, la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) informó que el monto adeudado a sus asociadas es de USD 225 millones en capital y USD 110 millones en intereses acumulados, lo que totaliza unos USD 335 millones.
Las cámaras del sector advirtieron que el volumen actual de la deuda complica seriamente la situación financiera de las empresas, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de obras de infraestructura que se encuentran en ejecución bajo responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Señalaron que, con este nivel de compromisos pendientes, muchas constructoras enfrentan dificultades para acceder a créditos en el sistema financiero, lo que pone en riesgo la continuidad de los trabajos y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.
