Un decreto permitirá a las FF.AA. actuar «donde vaya la amenaza» sin límites departamentales. La medida amplía el alcance de la Fuerza de Tarea Conjunta tras el secuestro en Caaguazú, zona hasta ahora excluida de operaciones militares.
El Poder Ejecutivo anunció este lunes un decreto que marca un cambio en la estrategia de seguridad interna del país. La nueva disposición flexibiliza el desplazamiento y las operaciones de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, eliminando las restricciones departamentales que hasta ahora limitaban su accionar.
El ministro secretario del Consejo de Defensa Nacional (Codena), Cibar Benítez, explicó que la medida responde a la necesidad de que los elementos militares actúen en coordinación con otras instituciones en territorios que están fuera de los departamentos autorizados para la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
Del norte al sur: la expansión de la FTC
La Fuerza de Tarea Conjunta fue creada en 2013 y desplegada inicialmente en Concepción, San Pedro y Amambay para combatir grupos armados operativos en esas zonas. Durante el actual gobierno de Santiago Peña, la unidad militar-policial extendió su cobertura hacia Canindeyú y tres departamentos del sur: Itapúa, Misiones y Ñeembucú, en respuesta a nuevas amenazas detectadas.
Sin embargo, esa extensión mantenía límites territoriales que impedían el desplazamiento militar hacia otras zonas del país donde pudieran surgir situaciones de seguridad.
«Donde vaya la amenaza»
El contralmirante Benítez resumió el alcance del nuevo decreto: las Fuerzas Armadas podrán hacer su trabajo «en donde vaya la amenaza». La frase define el cambio de doctrina operativa que propone el gobierno.
«No podríamos quedarnos con una institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria», argumentó el funcionario, justificando la flexibilización como una necesidad estratégica del Estado.
El decreto habilitará a las Fuerzas Armadas a emplear todos sus elementos posibles en lugares puntuales contra amenazas puntuales. El comandante de las Fuerzas Armadas, César Moreno, anunció que se aumentará la dotación de personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna, con todo el apoyo logístico que ello implica.
El detonante: secuestro en Caaguazú
La nueva disposición se da en el contexto de un reciente secuestro de un trabajador rural, atribuido al grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. El hecho ocurrió en Caaguazú, departamento que hasta ahora permanecía excluido del campo de operaciones de la FTC.
El ministro del Interior, Enrique Riera, definió la decisión como una flexibilización de la movilización del poder de fuego del Estado «en reacción y en función a la amenaza del lugar donde aquella se encuentre».
El «anillo de protección»
Riera indicó que tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional recibieron un mandato claro del presidente Peña para aumentar la presencia estatal «en un perímetro lo suficientemente grande como para garantizar la seguridad de productores, de ciudadanos y personas que se movilicen hacia esas zonas».
El ministro presentó la estrategia como una «maniobra absolutamente coordinada y combinada con las fuerzas militares» para generar un anillo de protección. «Pretendemos que los productores, los ciudadanos, los originarios y toda la gente de bien pueda movilizarse», expresó.
Una nueva fase en la seguridad interna
El decreto representa un salto cualitativo en la doctrina de seguridad interna del gobierno de Peña. La eliminación de límites territoriales para el accionar militar implica que cualquier departamento del país puede convertirse en zona de operaciones militares si las autoridades detectan amenazas que lo justifiquen.
La medida también refleja el reconocimiento gubernamental de que las amenazas a la seguridad ya no se concentran exclusivamente en el norte del país, sino que pueden emerger en cualquier punto del territorio nacional, como lo demuestra el reciente caso de Caaguazú.
