El senador Carlos Núñez confirmó que su bancada de nueve legisladores colorados, junto a opositores, rechazará el proyecto sin modificaciones. El senador no descartó convocar una gran movilización si el Ejecutivo adelanta el tratamiento para evitar llegar al 25 de marzo.
El senador Carlos Núñez anunció este martes que su bancada votará por el rechazo de la reforma de la Caja Fiscal en la versión aprobada por Diputados, marcando una postura más confrontativa que la de otros sectores del oficialismo. El legislador colorado indicó que los nueve senadores disidentes, más los opositores, rechazarán categóricamente el proyecto, aclarando que solamente aprobarán «si se introducen modificaciones».
Las declaraciones de Núñez incluyeron acusaciones directas contra la Cámara Baja. «Sabemos que a los diputados no les interesa lo que sufre el pueblo paraguayo. Lo de las fuerzas públicas, los docentes, magistrados, a ellos no les interesa, lo único que les interesa es su bolsillo», disparó el senador, agregando una imputación más grave: «Lastimosamente tal vez está recibiendo plata de Santiago Peña. Por eso están tan fanáticos por esta ley que trajeron de los pelos».
El legislador se refirió al intento del Ejecutivo y un grupo de diputados de adelantar el tratamiento del proyecto en el Senado para evitar llegar al 24 y 25 de marzo, fechas en las que tradicionalmente se realizan manifestaciones de docentes en la capital. «Ellos tienen su mano la lapicera lastimosamente en este momento», reconoció Núñez sobre la iniciativa para apresurar la votación.
Sin embargo, el senador advirtió que no permitirán que el oficialismo imponga su agenda sin resistencia. «Igual a eso nosotros vamos a pelear. Vamos a pelear, inclusive podemos convocar nuevamente una manifestación grande», amenazó. Núñez dejó un mensaje directo al presidente: «No le va a salir bien a Santiago Peña si consigue sus objetivos».
La posición de Núñez contrasta con la de otros senadores cartistas como Silvio Ovelar, quien mantiene una postura más dialoguista buscando «una versión mejorada en Senadores» con modificaciones a lo aprobado en Diputados. La fragmentación dentro del oficialismo evidencia la complejidad que enfrenta el gobierno para avanzar con la reforma previsional.
La bancada de nueve senadores colorados disidentes mencionada por Núñez, sumada a los opositores, podría tener los votos necesarios para rechazar o modificar sustancialmente el proyecto. Esta aritmética parlamentaria obliga al gobierno a negociar cada punto de la reforma si pretende evitar un rechazo total que, como advirtió Ovelar, «sería lo peor que le pudiera ocurrir hoy a la economía».
La amenaza de convocar una nueva manifestación grande agrega presión sobre el Ejecutivo en un contexto donde el gremio de docentes, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya han expresado su rechazo a las modificaciones propuestas en sus regímenes jubilatorios. Una movilización convocada desde el propio oficialismo disidente representaría un golpe político significativo para la administración Peña.
Las acusaciones de Núñez sobre presuntos pagos a diputados para impulsar la reforma elevan el nivel de confrontación interna en el Partido Colorado y complican aún más el panorama legislativo. El senador no aportó pruebas de sus afirmaciones, pero la gravedad de la imputación marca un punto de quiebre en el tratamiento del proyecto.
El gobierno enfrenta así un dilema: adelantar el tratamiento y arriesgar un rechazo o modificación sustancial, o postergar la votación y enfrentar una posible confluencia de manifestaciones de docentes, campesinos y eventualmente hasta sectores del propio oficialismo el 25 de marzo.
