La crisis del IPS suele leerse como un problema de gestión clínica y desabastecimiento. La fractura real corre por otra capa: la pérdida del vínculo de confianza entre el asegurado y la institución que administra sus aportes. La designación del doctor Isaías Ricardo Fretes el pasado 22 de abril abre, por eso, un capítulo distinto en la previsional. Un médico cirujano, docente universitario de cirugía, contraalmirante médico retirado y ex director de la sanidad militar, formado en Asunción, San Pablo y Marsella, asume bajo tres pilares declarados —transparencia, humanización y disciplina— y articula desde el primer día la salida de la opacidad por la vía del control ciudadano directo.
Las primeras medidas confirman el rumbo. El nuevo titular pidió a todos los consejeros, gerentes y directores poner sus cargos a disposición —“no más los mismos”, sintetizó—; reanudó la transmisión en vivo de las sesiones del Consejo de Administración, práctica suspendida desde octubre de 2025 bajo la gestión anterior; lanzó un recorrido diagnóstico de un mes por los hospitales del país; activó un plan piloto de atención intensiva en endocrinología para descomprimir una lista de espera de más de siete mil asegurados; ordenó la revisión integral del vademécum institucional; abrió la auditoría sobre la tercerización en el Chaco; comprometió reuniones quincenales con el presidente de la República para reportar avances; y anunció la apertura de la Carta Orgánica vigente desde 1992 a una revisión de fondo.
El caso Renfe SA condensa el método. Al detectar que una firma con antecedentes de inhabilitaciones en 2019 y 2020 había resultado adjudicada en tres oportunidades consecutivas para el mantenimiento de los ascensores del Hospital Central, con la oferta más cara entre todos los oferentes, Fretes interpeló al Consejo en sesión transmitida en vivo y comprometió denuncias ante los órganos superiores de control externo. El propio organismo rector de las contrataciones públicas sugirió la apertura de sumario administrativo. Una segunda revelación —el pago millonario por un sistema antiincendios inoperante— amplió el frente de auditoría hacia toda la cadena de contrataciones de la previsional.
El método encierra una filosofía republicana de gobierno. La frase del nuevo presidente —“cuando uno no tiene nada que ocultar, el asegurado debe tener un mecanismo de control de las personas designadas para trabajar para él”— traduce a lenguaje administrativo el principio elemental del Estado moderno: el funcionario público administra patrimonio ajeno y debe rendir cuenta visible y permanente. La transmisión en vivo del Consejo opera como dispositivo material de ese principio, porque convierte al ciudadano en testigo activo de las decisiones que afectan sus aportes. La transparencia se vuelve regla operativa, y la opacidad pasa a leerse, con razón, como presunción de irregularidad.
La conducción presidencial de Santiago Peña encuentra en Fretes una pieza alineada con la estrategia del segundo tiempo de gestión. La salida del titular anterior y el ingreso de un perfil con autoridad académica, médica y castrense señala que el oficialismo entendió la urgencia de proteger sus principales activos institucionales mediante decisiones estructurales, y de tomarlas con liderazgos capaces de soportar la presión gremial, judicial y mediática. El gesto se inscribe en la misma serie que el reordenamiento del gabinete presidencial y la ofensiva contra ineficiencias y solapamientos del Estado anunciada en marzo: un Ejecutivo que corrige, ordena y se profesionaliza dentro de su propio ciclo, con la madurez política que exige gobernar en clima electoral.
La política inaugurada por Fretes en el IPS marca el camino para el conjunto del aparato estatal paraguayo.
Toda institución que administre patrimonio público debe adoptar el mismo dispositivo triádico: cargos a disposición al inicio de cada nueva conducción, sesiones públicas transmitidas en vivo, auditorías abiertas con denuncia inmediata ante los órganos de control externo. La cultura del expediente cerrado y de la decisión a puertas adentro pertenece a un ciclo institucional superado. La ciudadanía contemporánea reclama legibilidad, y el oficialismo dispone hoy de la legitimidad política y de los cuadros técnicos para satisfacer ese reclamo desde una posición propositiva, sin esperar que la denuncia opositora marque la agenda.
Allí se juega el legado del actual gobierno. La reconciliación entre Estado y sociedad pasa por la demostración material y diaria de que el aporte ciudadano se administra a plena luz, que cada guaraní deja una huella verificable, y que el funcionario público asume el control popular como honra antes que como amenaza. El doctor Fretes lo formuló con precisión paraguaya al asumir: “comienza el momento patriótico”. La patria se reconstruye con cuentas claras, decisiones visibles y conducción con conciencia. El Paraguay del siglo XXI merece un Estado que mire a los ojos a su pueblo, y el gobierno de Santiago Peña dispone hoy de la oportunidad histórica de instalar esa práctica como norma definitiva.
