El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de nueva Ley de Seguros que reemplazará a la normativa vigente desde 1996. La iniciativa busca modernizar el sector, fortalecer la supervisión del Banco Central del Paraguay y establecer mayores garantías para los consumidores ante los cambios tecnológicos y operativos del mercado.
El Poder Ejecutivo presentó este viernes el proyecto de la nueva Ley de Seguros, una propuesta orientada a actualizar el marco regulatorio del sector asegurador paraguayo que se mantiene vigente desde hace casi tres décadas.
La iniciativa sustituirá a la Ley N.º 827, promulgada en 1995 y aplicada desde 1996, normativa que dio origen a la Superintendencia de Seguros bajo la órbita del Banco Central del Paraguay (BCP).
De acuerdo con las autoridades, el nuevo proyecto responde a la necesidad de adecuar el funcionamiento del mercado asegurador a las nuevas dinámicas económicas, tecnológicas y operativas, generando condiciones de mayor previsibilidad para el sector.
Durante la presentación, el presidente de la República, Santiago Peña, señaló que la propuesta fue resultado de un proceso de diálogo con distintos actores vinculados al sistema asegurador.
“Fruto de un amplio proceso de diálogo con todos los sectores involucrados, esta nueva legislación busca modernizar y brindar reglas claras para todas las actividades de las aseguradoras, poniendo un énfasis fundamental en la protección de los derechos del consumidor”, expresó el mandatario.
Por su parte, el Banco Central del Paraguay destacó que el nuevo esquema incorpora estándares internacionales en materia regulatoria y de supervisión.
Según explicó la banca matriz, el proyecto contempla el fortalecimiento de las facultades de control, la implementación de mecanismos de gestión prudencial basados en riesgos y herramientas destinadas a preservar la estabilidad y sostenibilidad del mercado asegurador.
Con esta propuesta, el Gobierno apunta a actualizar el funcionamiento del sistema de seguros paraguayo y adecuarlo a las exigencias actuales del mercado financiero y de protección al consumidor.
