La reforma de programas sociales enviada por Santiago Peña al Congreso abre una discusión que excede la administración de subsidios: obliga a pensar si el Paraguay seguirá tolerando una política social fragmentada, opaca y muchas veces capturada por intermediaciones, o si finalmente construirá un Estado capaz de llegar con precisión a quienes realmente necesitan ayuda.
La política social paraguaya cargó durante demasiado tiempo con una contradicción incómoda: el Estado quería asistir, los gobiernos querían mostrar sensibilidad, las instituciones acumulaban programas, formularios, padrones y promesas, pero el resultado final muchas veces terminaba atrapado en la niebla burocrática de siempre, con familias vulnerables obligadas a peregrinar entre oficinas, dirigentes locales convertidos en intérpretes del derecho ajeno y recursos públicos distribuidos con más voluntad que inteligencia institucional.
La reforma de los programas de transferencias monetarias condicionadas que el presidente Santiago Peña remitió al Congreso debe leerse desde esa fractura histórica, porque su núcleo no está solamente en una nueva arquitectura administrativa, ni en una discusión fría sobre padrones, elegibilidad, bases de datos o rectoría ministerial, sino en una pregunta mucho más profunda sobre la forma concreta en que el Estado paraguayo reconoce a su pueblo pobre, lo registra, lo acompaña y lo incorpora a una comunidad política que no puede limitarse a celebrar el crecimiento macroeconómico mientras deja a una parte de la nación fuera de la protección efectiva.
El Registro Social de Hogares introduce, en ese sentido, una idea elemental y decisiva: para ayudar bien hay que saber primero a quién se ayuda, dónde vive, qué necesita, qué carencias arrastra, qué instituciones ya intervinieron, qué ayuda recibe y qué trayectoria debe recorrer para salir de la vulnerabilidad, porque un Estado sin información se vuelve sentimental o arbitrario, y un Estado que reparte a ciegas termina favoreciendo al que grita más fuerte, al que tiene mejor mediador o al que aparece mejor ubicado en los circuitos informales del poder.
La oposición intentará reducir esta reforma al vocabulario previsible de la centralización, de los “superpoderes” y del miedo administrativo, como si la fragmentación fuera sinónimo de democracia y como si la dispersión institucional protegiera mejor al pobre que un sistema coordinado, trazable y evaluable, pero la experiencia paraguaya muestra exactamente lo contrario: cuando cada institución arma su propio circuito, cuando los datos no dialogan, cuando los beneficios se duplican en algunos lugares y no llegan en otros, el que pierde no es el burócrata, ni el intendente, ni el operador, sino la familia que queda fuera del mapa real del Estado.
La tradición colorada entendió siempre que la política no podía reducirse a la administración elegante de indicadores, porque gobernar también es integrar, proteger y ordenar una comunidad nacional atravesada por desigualdades, territorios abandonados y hogares que necesitan algo más que discursos morales sobre el esfuerzo individual, y por eso la apelación del presidente Peña a la vieja idea argañista de emancipar al hombre de la miseria tiene un sentido político preciso: una democracia sin justicia social se vuelve una ceremonia vacía, una república de papeles donde los pobres aparecen en los discursos y desaparecen en la ejecución.
Este proyecto también obliga al Gobierno a asumir una responsabilidad mayor, porque ordenar la política social exige datos, tecnología, rectoría, controles, transparencia y sensibilidad territorial, pero exige además evitar que la modernización se convierta en una máquina fría, incapaz de comprender la diferencia entre una comunidad indígena, una persona con discapacidad, una madre sola en un asentamiento, un adulto mayor sin red familiar o una familia trabajadora que cae por debajo de la línea de flotación ante el primer golpe económico; el Estado inteligente no reemplaza al Estado humano, lo vuelve más justo porque le permite mirar mejor.
La gran batalla política del segundo tiempo del Gobierno pasa por convertir el crecimiento en experiencia cotidiana, por hacer que la estabilidad deje de ser una cifra celebrada por analistas y se vuelva transporte que funciona, vivienda accesible, escuela con comida, salud que responde, empleo formal y ayuda social que llega sin humillación al compatriota que la necesita, y en esa secuencia la reforma de transferencias monetarias puede ocupar un lugar estratégico, porque ordena la puerta de entrada a la protección social y permite que las políticas públicas dejen de funcionar como islas para convertirse en sistema.
Santiago Peña tiene aquí una oportunidad de alta densidad política: demostrar que su gobierno puede combinar previsibilidad macroeconómica con justicia social organizada, crecimiento con protección, eficiencia con sensibilidad nacional, y que el Partido Colorado, lejos de agotarse en la administración del poder, sigue siendo la fuerza histórica capaz de construir Estado donde otros solo construyen consignas; si el Congreso comprende la importancia del momento, esta reforma puede marcar el paso de una asistencia dispersa a una política social moderna, verificable y profundamente paraguaya, donde ayudar deje de ser repartir y pase a ser integrar.
