El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, respaldó el reajuste del salario mínimo dispuesto por el presidente Santiago Peña y afirmó que algunos sectores críticos se niegan a reconocer los avances económicos.
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, defendió el reciente aumento del salario mínimo legal vigente dispuesto por el Gobierno y cuestionó las críticas que surgieron tras el anuncio del reajuste.
Al referirse al debate generado por la medida, el secretario de Estado utilizó una expresión en guaraní para responder a los cuestionamientos.
“Oĩ alguno la ndohechaseiva la iporãva”, expresó Baruja, frase que significa “hay algunos que no quieren ver lo bueno”.
El ministro sostuvo que el incremento representa una decisión orientada a mejorar las condiciones económicas de los trabajadores y acompañar el crecimiento económico con medidas concretas.
En ese sentido, afirmó que el Gobierno busca generar mejores oportunidades para la ciudadanía mediante políticas que impulsen el empleo y permitan fortalecer el poder adquisitivo.
Baruja también vinculó el reajuste con el desempeño económico del país y sostuvo que decisiones como esta responden a una visión orientada al crecimiento y al bienestar de las familias paraguayas.
El aumento del salario mínimo fue anunciado por el presidente Santiago Peña luego de que no se alcanzara consenso dentro de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), integrada por representantes del sector empresarial, trabajadores y el Estado.
Con la decisión adoptada por el Ejecutivo, el reajuste quedó fijado en 5%, por encima del porcentaje que hubiera resultado exclusivamente de la fórmula vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La medida implica un incremento de G. 144.852 sobre el salario mínimo legal vigente, que pasará a ubicarse en G. 3.044.000 mensuales.
El anuncio generó posiciones divididas entre distintos sectores, mientras representantes sindicales insistieron en que el ajuste continúa siendo insuficiente y desde el Gobierno sostienen que la decisión busca equilibrar la capacidad económica y el acompañamiento al ingreso de los trabajadores.
