La nueva legislación de Massachusetts sobre el aborto después de las 24 semanas vuelve a colocar ante Occidente una pregunta anterior a cualquier disputa partidaria: ¿la vida humana posee un valor intrínseco o adquiere valor solamente cuando otro decide reconocérselo? Nuestra posición es inequívoca. Ninguna voluntad individual, mayoría parlamentaria ni poder estatal puede convertir una vida humana inocente en una realidad disponible. La dignidad no comienza cuando el poder la reconoce; es la dignidad la que establece los límites del poder.
Massachusetts acaba de modificar sustancialmente su régimen sobre el aborto después de las 24 semanas. La legislación anterior establecía supuestos determinados; la nueva norma desplaza ese límite hacia el juicio profesional del médico. Sus defensores hablan de autonomía y libertad reproductiva. Pero esa formulación evita la cuestión fundamental. Antes de preguntar quién decide debemos preguntar sobre quién se decide. Si existe allí un ser humano, la autonomía de uno no puede convertirse en poder absoluto sobre la existencia del otro.
La biología describe un proceso continuo: desde sus primeras etapas existe un organismo humano vivo que desarrolla progresivamente las capacidades propias de su naturaleza. No aparece primero una cosa y después, mediante un salto misterioso, una persona. Cambian el tamaño, la maduración y las capacidades, pero la pregunta filosófica permanece: ¿qué propiedad adquirida posteriormente puede transformar a un individuo sin dignidad en otro que súbitamente la posee? Si elegimos conciencia, autonomía o racionalidad actualmente ejercida, convertimos esas facultades en condiciones del derecho a existir. El problema es evidente: tampoco un recién nacido posee autonomía, ni todos los seres humanos ejercen permanentemente conciencia o racionalidad.
Aristóteles ofrece una distinción decisiva entre potencia y acto: que una capacidad todavía no esté actualizada no significa que estemos ante una realidad de naturaleza diferente. Kant, desde otra tradición, sostiene que la persona no tiene precio sino dignidad y que nunca debe ser tratada simplemente como medio. Ambas intuiciones convergen en un punto fundamental: el valor humano no puede depender del grado de desarrollo, utilidad o poder. La Declaración Universal de Derechos Humanos hablará siglos después de la “dignidad inherente” de los miembros de la familia humana. Inherente significa precisamente aquello que ninguna autoridad concede y, por tanto, ninguna autoridad debería poder retirar.
Incluso fuera de la tradición cristiana existe un argumento secular particularmente poderoso. El filósofo Don Marquis sostuvo que una razón fundamental de la gravedad de matar consiste en privar a alguien de su futuro: experiencias, relaciones, proyectos, conocimientos y bienes que habría podido vivir. El aborto no afecta solamente a aquello que el ser humano es en ese instante; cancela definitivamente todo aquello que podía llegar a ser. La ausencia presente de conciencia reflexiva no resuelve el problema: cada adulto consciente atravesó una etapa en la que carecía de lenguaje, autonomía y reflexión, sin dejar por ello de ser el mismo individuo cuya historia continuó desarrollándose.
La tradición cristiana formula la conclusión sin ambigüedad. La vida humana no es propiedad disponible porque el hombre tampoco se ha dado a sí mismo la existencia. De allí que la protección del inocente no dependa de su fuerza, utilidad, salud o aceptación social. Frente a esta concepción se encuentra una antropología radicalmente distinta: la voluntad individual convertida en fuente última del bien. Pero poder elegir una acción jamás ha demostrado que esa acción sea justa. Toda libertad encuentra su límite cuando aparece la dignidad de otro ser humano.
Aquí reside la contradicción más profunda de una parte de la cultura contemporánea. Proclamamos que ninguna diferencia de capacidad disminuye la dignidad, que la sociedad debe proteger especialmente al vulnerable y que la fuerza no crea derechos. Sin embargo, frente al ser humano en la situación de mayor indefensión imaginable —incapaz de hablar, protestar o defenderse— se pretende que precisamente esa vulnerabilidad facilite su exclusión. Una civilización digna debe razonar exactamente al revés: cuanto menor es la capacidad de defenderse, mayor es el deber de protección de la comunidad.
Por eso nuestra oposición al aborto es categórica. No depende de encuestas, modas culturales ni mayorías circunstanciales. Tampoco supone desentenderse de la mujer embarazada: una sociedad provida debe acompañar a la madre, exigir responsabilidad al padre y construir instituciones capaces de sostener la maternidad. Pero ninguna situación difícil puede resolverse negando la humanidad del más indefenso. La solidaridad pierde su significado cuando para proteger a uno exige declarar disponible la vida del otro.
El aborto representa finalmente una disputa sobre el significado mismo del hombre. Si la dignidad depende de la voluntad, alguien decidirá quién merece poseerla; si depende de la autonomía, los menos autónomos tendrán menos protección; si depende de la utilidad, los inútiles serán prescindibles; si depende del deseo, el no deseado quedará a merced de quien sí puede elegir. Una civilización fundada sobre la dignidad necesita un principio anterior a todos ellos: todo ser humano vale porque es humano. La ley puede reconocer esa dignidad o vulnerarla. Lo que nunca puede hacer es crearla. Ese es el límite que ninguna mayoría debería franquear.
